Roiber Arrieche, productor de la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal Beneagro, se pronunció en contra de una medida de desalojo por parte del juez agrario Alonso Barrios.
Explicó que en el pasado la empresa perteneció al grupo Souto.
Indicó que dicha organización, dedicada a la producción de pollo, estaba aparentemente afectando al pueblo a través de la escasez del rubro animal, por lo que en 2013 se paralizó dicho medio de producción, ubicado en Cordero de la parroquia Tamaca, dejando en la calle a más de 180 trabajadores.
“Este matadero fue abandonado en agosto de 2013, razón que movilizó a los trabajadores. Como no hubo respuesta por parte del patrono ni del Estado por parte del mayor Nelson Pereira, quien para ese entonces figuraba como director del Ministerio del Trabajo, decidimos tomar la empresa junto a los consejos comunales para presionar”.
Añadió que los trabajadores comenzaron a producir bajo control obrero y registrar la compañía como Empresa de Propiedad Social Directa Comuna de forma legal. “Los dueños se fueron para Italia y Miami, abandonaron totalmente la empresa de manera ilegal. Luego del registro comenzaron a atacarnos desde fuera con medidas de desalojo por parte de los cuerpos de seguridad”.
El martes pasado salió en acta que los empleados serán desalojados y despojados del matadero que contempla 14 hectáreas de tierras fértiles, donde se siembra caraota.
Arrieche dijo que con el desalojo se afectarán más de 30 productores.
“La denuncia del juez pone en peligro la estabilidad laboral y productiva de todo el personal y el motor agroalimentario y comunal propuesto por Maduro”.
Destacó que más de 900 comunidades se verían afectadas que hacen vida alrededor del matadero.
Apuntó que los demandantes exponen que se trata de ocupantes ilegales que se robaron el matadero, las cavas y otros equipos.
“Eso no fue así por lo cual nosotros seguiremos respondiendo con las medidas legales y mostrando todo lo que se recuperó luego de registrar la empresa. Esas denuncias son infundadas y falsas”.
