Hasta la tarde de este miércoles persistía la paralización de operaciones en la planta del Nestlé en El Tocuyo a causa del conflicto que desde el día martes iniciaron sus trabajadores.
Durante varias horas, representantes de la empresa y de la masa laboral estuvieron reunidos en la Inspectoría del Trabajo, en Barquisimeto, en busca de una solución que, hasta las seis de la tarde, no había sido lograda.
Como se informó, el sindicato que agrupa a los 750 trabajadores de la factoría, la principal del municipio Morán, de la que depende parte de su economía, se declaró en asamblea permanente, con cese de actividades, en señal de protesta por lo que consideran desmejoramiento de las condiciones laborales.
Aunque no se había introducido un pliego conflictivo ante la Inspectoría del Trabajo, la asamblea decidió ir a un paro, algo que el directivo de la empresa, Andrés Alegrett, calificó de ilegal por no haberse cumplido con los pasos indispensables para una acción de esa naturaleza.
En primer lugar, el sindicato protesta por la disminución de los turnos de trabajo por considerar que, al laborar menor cantidad de horas, también son menores los ingresos.
También reclaman cambios inconsultos en el cronograma de vacaciones, lo que también consideran perjudicial.
Pero la Nestlé, a través de su vicepresidente de asuntos corporativos, Andrés Alegrett, explicó desde Caracas que esas decisiones fueron tomadas con el firme propósito de no paralizar la planta por falta de materia prima que, como se ha informado, no está llegando en las cantidades necesarias.
El paro en la planta de Nestlé en El Tocuyo representa el dejar de producir 140 toneladas diarias de alimentos que debían ser distribuidos a todo el país.
Además, están en riesgo de perderse, por vencimiento, 19 toneladas de fideos, 20 de harina de trigo y 16 de harina de arroz, necesarias para la elaboración de los diferentes renglones elaborados en la planta de la capital municipal.
En una nota de prensa de Nestlé, se advierte que “la empresa se reserva el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes, debido al incumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, así como la violación de la seguridad y soberanía alimentaria”.
Indica que “esta paralización, además, podría constituir un delito de boicot y desetabilización de la economía, de acuerdo a los artículos 55 y 56 y de la Ley Orgánica de Precios Justos”.
