Tras debatir la agenda ordinaria del día en la Cámara Municipal de Iribarren, los concejales de la bancada oficialista, específicamente de la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, representada por los ediles Alejandro Natera, Esther Camacho, Francisco Carmona y Teresa Linárez, presentaron a la plenaria un informe sobre los factores técnicos y jurídicos que imposibilitaron la aprobación en segunda discusión del presupuesto abril-diciembre.
Dicho informe expone que un presupuesto es un instrumento de planificación que procura recursos a diversas áreas, dando preferencia a la salud, educación y saneamiento ambiental.
La comisión concluyó que el presupuesto 2016 no contiene en lo absoluto los citados factores, indispensables para que el instrumento no sea inconstitucional e ilegal.
Si bien el presupuesto se aprobó en primera discusión la comisión evaluó los pormenores del proyecto presentado por el alcalde Alfredo Ramos.
“De la revisión encontramos sensibles flaquezas en el proyecto, incluyendo una clara desproporción y omisiones gravísimas sobre recaudación. La denominada justicia fiscal no aparece en ningún lado, lo que se traduce en un franco desacato del artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público”.
Otro de los puntos del informe señaló que “mal pudiera el alcalde presentar un presupuesto que no toma en cuenta el desarrollo humano, social, cultural y económico del municipio, en atención a las necesidades y propuestas de la comunidades”.
Aunque Ramos publicó en Gaceta Oficial en julio de 2015 el monto para el presupuesto participativo 2016 no discutió en sesión del Consejo Local de Planificación Pública el monto dispuesto.
El informe expresa que el alcalde no palpó los diferentes problemas que a nivel educativo hoy en día presentan muchas escuelas de educación inicial, primaria y secundaria del municipio, planteles que con el monto estipulado por el alcalde, por más de nueve mil millones de bolívares, pudieron subsanarse.
“El alcalde presentó un presupuesto amañado, se lava las manos y culpa a los concejales de la revolución de no aprobar el presupuesto y en consecuencia, de no garantizar los aumentos salariales. La partida 401 nunca se reconduce debido a los incrementos mínimos de ley”, sostiene el informe.
Por su parte, el concejal Omar Jiménez destacó que se presentó un informe diez días después del 31 de marzo, fecha tope para aprobar el presupuesto. Aseguró que carece de sustento y que ningún edil recibió una copia previa para poder revisarlo.
“Este debate debió darse en la primera discusión, ya no se puede hacer nada”.
La doctora Milagro Gómez de Blavia, también de la bancada opositora, argumentó que no puede aprobarse un informe, del cual no tienen copia, porque se lesiona el derecho a la información.
“Debemos tener el informe en las manos para una discusión responsable. Se trata de un informe político”.
