Las continuas reformas efectuadas por el oficialismo a la Ley del Banco Central de Venezuela han conducido al «resquebrajamiento» de la moneda nacional, afectando la capacidad de producción y la calidad de vida del venezolano.
Así lo advirtió la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, que analizó las seis modificaciones efectuadas a ley, ya sea por la Asamblea Nacional con mayoría oficialista o por el Ejecutivo por la vía Habilitante.
En este sentido, recordó la organización que las primeras reformas «sirvieron para que el ente emisor financiara al fisco nacional de manera opaca y discrecional, en este contexto se crea el Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN (2005), que permitió al Ejecutivo utilizar recursos públicos por fuera del presupuesto, sin necesidad de autorización del parlamento».
Es importante destacar que una reciente investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, llamada PanamáPaper, señala que la mayoría de las desviaciones de recursos efectuadas por militares y funcionarios públicos venezolanos que acudieron a paraísos fiscales, comenzaron precisamente en el Fonden.
Posteriormente -continúa la ong-, en la reforma de 2009 «se facultó al BCV a financiar a PDVSA a través de la adquisición de bonos y estableció una transferencia semestral de reservas excedentarias al FONDEN. Un año después se planteó una otra reforma que permitió ampliar el uso del BCV para requerimientos del fisco nacional sin consideración de los deberes constitucionales, destinando recursos para programas productivos y recibiendo como garantía activos crediticios de la banca».
Transparencia Venezuela señaló que la última modificación, ocurrida en diciembre de 2015, a pocos días de las elecciones y con encuestas en contra para el oficialismo, «se redujeron las competencias constitucionales del poder legislativo sobre el nombramiento de autoridades del Banco Central de Venezuela».
TSJ cómplice
El razonamiento conduce a la condena de TV a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declaró inconstitucional la iniciativa parlamentaria de la oposición para revertir los efectos negativos de la Ley del BCV con una nueva reforma.
Advirtió que esta decisión se circunscribe al mismo contexto de otras decisiones, como la suspensión de los cuatro diputados del estado Amazonas, la declaración de vigencia del Decreto de Emergencia Económica y la declaración de vigencia de su prórroga.
«Desde Transparencia Venezuela queremos denunciar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no está decidiendo en justicia, sino defendiendo los interese del gobierno a través de su Sala Constitucional», señaló un comunicado difundido este lunes.
