En un informe conjunto presentado este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch (internacional) y Provea (venezolana), señalaron que el Operativo para la Liberación del Pueblo (OLP) ha propiciado que agentes de cuerpos de seguridad del Estado cometan ejecuciones extrajudiciales y otras desviaciones.
“Las redadas en el marco de la OLP han puesto en evidencia hasta qué punto los venezolanos de todos los signos políticos, incluidas personas en comunidades donde el gobierno goza de apoyo, se encuentran indefensos ante abusos gubernamentales”, concluyó el director de Provea, Rafaél Uzcátegui.
El texto, de 43 páginas, se titula Poder sin límites: Redadas abusivas afectan a sectores populares. Documenta casos ocurridos desde julio de 2015 hasta la fecha, de presuntas ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, desalojos forzosos y deportación arbitraria de más de 1.700 ciudadanos colombianos, todo ello amparado bajo un formato de simulación de hecho punible y encubrimiento.
«En reiteradas declaraciones, funcionarios del gobierno han afirmado que estas muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados. No obstante, Poder sin Límites expone 20 casos en los cuales familiares de víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún enfrentamiento, incluidos varios casos en los cuales las víctimas fueron vistas con vida por última vez mientras estaban bajo custodia policial», señaló el documento.
De esta manera se hace referencia a los 245 presuntos hampones muertos durante los operativos efectuados en todo el país en 2015, según cifras oficiales, sin contar a las «decenas» de víctimas más registradas en 2016. La «enorme disparidad» entre esa cifra y los 3 policías asesinados en las mismas OLP ́s, «resta credibilidad a la afirmación del gobierno de que todas esas muertes se produjeron en situaciones en que delincuentes enfrentaron de manera violenta a la policía».
Por otro lado, diversos testigos señalaron que, en algunos casos durante las redadas, hubo agentes de seguridad que propinaron golpizas o cometieron otros abusos contra detenidos. Algunos agentes también habrían robado dinero, computadoras portátiles, teléfonos celulares y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales, mientras realizaban allanamientos de viviendas o detenían a sus residentes», agrega el informe.
Finalmente, las organizaciones subrayaron la necesidad de que el gobierno venezolano «tome medidas» para perseguir penalmente a los violadores de derechos humanos.
