El alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, sostiene que no cuenta con los fondos económicos para cancelar salarios y ticket de alimentación a sus trabajadores con el incremento decretado por el presidente Nicolás Maduro.
Aseguró que los pagos están al día pero sin el ajuste porque el Gobierno nacional no ha enviado los recursos.
Este martes el mandatario viajará a Caracas para reunirse con los integrantes de la Asociación de Alcaldes por Venezuela para formalmente solicitar los recursos y cumplir con los decretos 2.243 y 2.244. “El incremento generó un hueco en nuestro presupuesto, es imposible cancelar ese aumento con recursos propios porque llegaríamos a septiembre, ya le mostramos los números a las organizaciones sindicales”.
La nómina de empleados, obreros y jubilados suma 5 mil trabajadores y el déficit en el presupuesto municipal se ubica en 750 millones de bolívares.
Ramos expresó que además del incremento de 20% del salario mínimo anunciado el 21 de febrero, se aproxima el tradicional ajuste del 1ero de mayo y “tampoco hay dinero para cubrirlo”.
“Estamos de acuerdo en que la inflación se come los salarios y que se necesitan al menos 18 salarios mínimos para cubrir la canasta básica, pero el Presidente decreta aumentos sin enviar recursos y destroza las finanzas”.
Señaló que el Concejo Municipal había aprobado en primera discusión el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal abril – diciembre de 2016 pero en la segunda discusión tomaron la decisión de no aprobarlo, éste incorporaba unos 800 millones de bolívares.
El alcalde hizo la salvedad de compromisos que mantiene desde el 2015 con obreros y que serán cancelados a fin de mes.
Concejal Joel Mendoza
La semana pasada los concejales bolivarianos presentaron su rendición de cuentas correspondiente a las gestión del año 2015.
Respecto a la denuncia por supuestas irregularidades financieras en que estaría involucrado el expresidente Alejandro Natera, el edil Joel Mendoza manifestó que llevará el caso a la Asamblea Nacional, específicamente a la Comisión de Contraloría presidida por el diputado Freddy Guevara.
Se trata de un crédito adicional de 3 millones de bolívares para la reparación de los vehículos del concejo y otro crédito de 15 millones, aprobados en diciembre para la mejora del edificio, “que no se usaron porque las instalaciones siguen en el suelo”.
