Muchas veces nos preguntamos si hay algún aspecto en este planeta y sus alrededores que no esté sujeto a controversias. En la medida en la cual se amplían las perspectivas de análisis, se hace más difícil llegar a establecer consensos acerca de los problemas que aquejan a la humanidad y la manera de resolverlos. A fin de cuentas ese es el reto que implica la búsqueda de acuerdos para la convivencia, en un mundo cada vez más complejo, donde aceptar que la diversidad de criterios existe, pareciese que es la premisa para el debate.
“Los límites del crecimiento”, el informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusset (MIT), en 1972, a petición del Club de Roma, significó un hito referencial: Cobró vida inusitada la discusión por la vida en la Madre Tierra. En apenas década y media, 1987, ya se habla con propiedad del Desarrollo Sostenible. Al cual se suman, inmediatamente, los postulados del denominado Desarrollo Humano y a Escala Humana. A finales del siglo pasado, en diciembre de 1999, como teoría, enfoque o modelo, asistimos a la gestación de un nuevo paradigma: el Desarrollo Humano Sustentable y Local. (DHSL)
Las controversias entre sostenibilidad o sustentabilidad, pierden fuerza ante lo sustantivo: la configuración de un referente filosófico para la época de incertidumbre y, consecuente, vulnerabilidad que se vive. La Responsabilidad Social o Pacto Mundial acordado en Davos (Suiza), por los representantes de los gobiernos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, reunidos en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU), para contribuir al Desarrollo Humano, equivale a un punto de inflexión, un avance cualitativo, en la espiral del conocimiento, desde el punto de vista institucional, en la difusión y fortalecimiento del nuevo paradigma.
En nuestro país, la controversia acerca del nuevo modelo de desarrollo que recorre a América Latina, se resuelve igualmente incorporando en la nuev Constitución que para dicha época se discute y aprueba, no solamente la noción de Desarrollo Humano Integral, sino de manera particular, con base en el debate que desde 1976 se viene librando (para ese año se crea el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, pionero en la región), todo una concepción similar en cuanto a los derechos ambientales.
En el Plan Nacional (2001- 2007), esas ideas son preeminentes. Particularmente, la cuestión ambiental se reitera y fortalece a partir del 2006, en el Proyecto Simón Bolívar y en el Plan de la Patria (2013 – 2019).Las controversias, y en ello hemos sido insistentes, están en la ejecución y seguimiento y evaluación de esos planes, a la luz de sus resultados.
Con motivo de la aprobación del Decreto Nº 2.248 (G.O 4.855, del 24 de febrero, de este año), el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la Zona Estratégica para el Desarrollo Integral del Arco Minero del Orinoco, “Son 111 mil km2 de punta a punta, del Esequibo a nuestra hermana Colombia, y si sumamos Orinoco Norte, 64 mil km2; Orinoco Sur el arco minero, 111 mil Km2, estamos hablando de 177 mil km2 de desarrollo integral petrolífero, minero, agrícola, humano”, resaltó el jefe de Estado.
No obstante, frente a una medida relacionada con la búsqueda de soluciones a la grave crisis económica, aparecen opiniones contrarias relacionadas con la contradicción que significa la concesión a empresas extranjeras vetadas por el propio ex presidente Chávez en el 2009, la medida inconsulta a los propios pueblos originarios asentados allí, el tipo de explotación a cielo abierto que ello implica y todas los efectos negativos para el ambiente Una decisión de política económica controversial que ha debido ser mejor explicada al país, sin duda.
