El presidente Nicolás Maduro afirmó el viernes que quiere escuchar la opinión de los venezolanos antes de pronunciarse oficialmente en torno al proyecto de ley de amnistía y reconciliación que aprobó la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
Entre las figuras más emblemáticas que podrían beneficiarse con la ley está el líder opositor Leopoldo López, que fue condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión tras ser acusado de promover violentas protestas en la capital en febrero de 2014, las cuales dejaron tres muertos y decenas de heridos
Maduro ha dicho que no está dispuesto a promulgar ninguna ley de amnistía, pero la mayoría opositora sostiene que cuenta con el respaldo legal para llevarla adelante sin el apoyo del mandatario.
«Yo tengo una opinión muy firme, pero yo quiero escuchar la opinión de la nación, la opinión del pueblo venezolano sobre esta ley criminal», dijo el mandatario dirigiéndose a sus seguidores, a los que pidió divulgar este fin de semana el contenido de la ley a través de todos los espacios posibles, incluyendo aquellas comunidades donde sus adversarios son mayoría.
«Yo quiero que ustedes sean los articuladores y a más tardar el lunes, (en un plazo de) 72 horas», recojan la opinión de la mayor cantidad de personas «porque yo tengo 10 días para pronunciarme» sobre el proyecto de ley, destacó.
El Congreso —bajo el control de la oposición y en medio del rechazo de los oficialistas— aprobó el martes pasado el proyecto de ley que fue una de las promesas de la coalición opositora en la pasada campaña electoral. La mayoría opositora aprobó a mediados de febrero el proyecto de ley en una primera discusión.
El texto de la ley, que es rechazado por Maduro, contempla una amnistía para los llamados «presos y perseguidos políticos» de los últimos 17 años, y que según estimaciones de activistas de derechos humanos podría llegar a beneficiar a más de 5.000 personas.
La legislación exceptúa de la amnistía a las personas que incurrieron en crímenes de guerra y en delitos de lesa humanidad, y las autoridades o funcionarios que cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
La oposición defiende el proyecto de ley, argumentando que el país desea la reconciliación.
Maduro subrayó que de aprobarse la ley está generará «confrontación» en el país.
«Esta es una ley de guerra, si está ley se aprobara, se impusiera al país, se está desconociendo el dolor de las víctimas y el derecho a la justicia», manifestó Maduro.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Allup, desestimo los pronunciamientos del mandatario y aseveró que la ley se aprobó en «conformidad con lo establecido (en la Constitución)». La ley fue remitida el martes a Maduro para su promulgación.
Ramos Allup consideró necesaria la ley argumentando que muchos opositores fueron sentenciados «en juicios trucados» con «pruebas indirectas, pruebas colaterales». La oposición ha advertido que la ley se enfrentará a obstáculos, citando como el mayor de ellos al Tribunal Supremo de Justicia, que ha revertido otras leyes aprobadas por el Legislativo.
Desde la instalación de la actual Asamblea el 5 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia —cuyos miembros han sido designados en los últimos 17 años con el voto abrumador de los diputados oficialistas— se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana al contravenir las decisiones del Legislativo, en un abierto enfrentamiento entre poderes.
Algunos analistas estiman que ante el abierto enfrentamiento entre poderes, la ley podría enfrentar muchas dificultades y limitaciones para que los jueces puedan cumplirla.
