No nos imaginamos nunca los habitantes de la frontera que íbamos a vivir una situación dantesca, que es lo que está ocurriendo en el Táchira, declaró para EL IMPULSO el diputado Leomagno Flores, al ser entrevistado telefónicamente desde la Redacción de este diario.
Primero, nuestra conexión natural al uno y al otro lado del río Táchira podría ser interrumpida por el cierre fronterizo y esa especie de “muro de Berlín”, que ha establecido el gobierno venezolano para impedir el tránsito de personas, servicios, mercancías, entre Colombia y Venezuela.
En segundo lugar, en el Táchira estamos viviendo una situación de violencia, que supera cualquier cifra de las que se registran en el resto del país, porque en nuestro estado se cerró la frontera y se militarizó la mitad de los municipios de la entidad federal, supuestamente para acabar con la violencia que, de acuerdo al Ejecutivo Nacional, la ejercen grupos paramilitares. Pero, los resultados han sido todo lo contrario.
En estos días fue asesinado un diputado del PSUV, suplente en el Consejo Legislativo, y de inmediato el gobierno le ha achacado la culpa al ex Presidente Álvaro Uribe. Parece que todos los males que ocurre en Venezuela, el gobierno enseguida se los endosa a un factor extraño.
Lo que sucedió el martes en San Cristóbal, con respecto a la situación de violencia donde hubo dos policías arrollados por un autobús secuestrado durante una manifestación de estudiantes del Instituto Universitario Tecnológico, es atípico con respecto a lo que ha sido la trayectoria heroíca de los estudiantes en el Táchira.
Recuérdese que el Táchira es el estado que no se ha sometido, donde siempre ha sido fuerte la oposición, donde los estudiantes han hecho protestas dignas de resaltar.
Pero, el martes el estado fue empañado por una truculenta acción, que no me cabe duda tiene metida la mano allí el propio gobernador y el oficialismo.
Porque todos saben que el Centro de Estudiantes del mencionado Instituto lo controla el PSUV. Cada vez que hay una protesta estudiantil de la Universidad Católica, de la Universidad del Táchira, de la Universidad de los Andes, el gobierno manda a la policía del estado y a la Policía Nacional a que le echen “gas del bueno” y a que disparen contra los manifestantes. Con mucha violencia son reprimidas las manifestaciones estudiantiles. Y este martes se mandó a un grupo de policías, prácticamente, desarmados. Hemos oido declaraciones de un oficial de la policía del estado, de nombres José Gregorio, que determina que hay una connivencia entre el gobernador y los estudiantes del mencionado Instituto.
Aún más, señala que la joven policía Nicolle Pérez Soler, fallecida en el arrollamiento, tenía apenas veinte días de haber egresado de la academía de policías del Táchira y carecía de seguro de vida y de entrenamiento para actuar en esa manifestación.
Se envió a unos policías desarmados a una protesta en una zona que es bastante difícil de atender. Ese video que le ha dado la vuelta al mundo. en el cual se aprecia a un autobús atropellando a los policías, mancha el honor de los estudiantes. Y todo esto es un acto de escena con motivo del alza en el precio del transporte público para achacarle la culpa, como está ocurriendo en estos momentos, a la alcaldesa de San Cristóbal cuando se sabe que ese incremento fue ordenado precisamente por el propio Ejecutivo Nacional.
En el Táchira estamos viviendo una situación crítica: no hay medicinas, ni alimentos y la frontera está cerrada. Ratifico que grupos armados tienen el control del Táchira en un tercio de su territorio, lo que es muy grave.
