El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó una ley de amnistía para presos por motivos políticos que el presidente Nicolás Maduro prometió bloquear para evitar su aplicación, en un nuevo capítulo de la lucha de poderes que sacude al país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, declaró aprobado el proyecto tras su segunda y última discusión, entre aplausos y gritos de «¡Libertad!» de la bancada opositora, y el rechazo airado de la minoría oficialista.
«Esta ley pretende sentar las bases para la reconciliación nacional», afirmó la diputada Delsa Solórzano, promotora de la iniciativa, durante un debate que se extendió por cerca de ocho horas y en el que fueron votados uno a uno 29 artículos.
La normativa pretende sacar de la cárcel a unos 76 presos y a centenares de «perseguidos y exiliados» por su oposición al chavismo, que gobierna Venezuela desde hace 17 años, dijo Solórzano.
Entre los detenidos figura Leopoldo López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión, acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida del poder de Maduro, y dejaron 43 muertos.
Sin embargo, el mandatario anticipó que vetará la ley, aduciendo que se trata de un «autoperdón de asesinos» que intentaron poner fin al gobierno de su antecesor, Hugo Chávez, y al suyo mediante acciones violentas que derivaron en violaciones de derechos humanos.
«Tenga la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero. Leyes para amparar terroristas y criminales, no pasarán. Hagan lo que hagan», alertó Maduro en cadena de radio y televisión.
A partir de ahora Maduro puede vetar la normativa, devolverla al Parlamento para modificaciones o enviarla al Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los próximos diez días, para que evalúe su constitucionalidad.
En lugar de una amnistía, Maduro ha propuesto convocar una «comisión de la verdad» para investigar los delitos que se le imputan a los beneficiarios de la normativa.
Vicios de nulidad
La minoritaria bancada chavista criticó que la segunda discusión de la amnistía no figurara en la agenda del día y fue incorporada a última hora sin distribuir el texto definitivo entre los asambleístas, argumentos que fueron desestimados por la oposición.
«Esa ley no será publicada nunca porque está viciada de nulidad constitucional», advirtió el diputado oficialista Pedro Carreño. «La convocatoria no cumple con los extremos legales. Es una sesión írrita y por tanto írrito su producto», añadió.
Por su parte, el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, cuestionó que el instrumento no haya sido presentado ante el país, a lo que Solórzano replicó que se hizo una «consulta pública en toda Venezuela» con «ONG, universidades, expertos y las víctimas».
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter que la ley sería un punto de partida para «superar esta etapa oscura de odio y división».
Por su parte, Mitzy Capriles, esposa de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas acusado de conspiración a raíz de las protestas de 2014, dijo a través de la red social que el parlamento honraba una promesa electoral.
«(La) Asamblea Nacional cumple con el pueblo que votó mayoritariamente por diputados comprometidos con aprobar la Ley de Amnistía», manifestó Capriles.
Bloqueo institucional
Juristas como José Ignacio Hernández advierten que a la ley le espera un largo camino para hacerse efectiva, pues Maduro puede enviarla al TSJ, al que la oposición acusa de ser el «bufete jurídico» del chavismo.
La amnistía es el proyecto emblemático de la oposición en el Congreso, si bien la prioridad es cambiar el gobierno mediante un referendo revocatorio o una enmienda constitucional que recorte el mandato de Maduro (2013-2019), junto con movilizaciones populares.
La oposición reconoce que ni la amnistía ni la propuesta para el cambio de gobierno serán aplicables si no cambian instituciones clave como el TSJ. Una reforma a ese tribunal se comenzó a discutir el martes.
La enmienda podría quedar bloqueada en el TSJ y el referendo en el Consejo Nacional Electoral, al que la oposición también acusa de servir al Gobierno.
El conflicto de poderes se agravó después de que el TSJ convalidara un decreto de emergencia económica emitido por Maduro, pese al veto de la Asamblea Nacional.
En otro fallo polémico del primero de marzo, el TSJ reguló las facultades de control del Legislativo, con lo cual quedaron fuera de su competencia los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, no pudiendo por ejemplo remover magistrados del TSJ.
