Durante la mañana de ayer se llevó a cabo una reunión con los familiares de los detenidos del centro penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, en donde expusieron toda su problemática.
Indicaron que el Ministerio de Servicio Penitenciario está violentando todos los derechos de los reos, además que no ha cumplido con los compromisos adquiridos una vez que culminara la toma del penal y secuestro de 16 funcionarios, lo cual dejó como consecuencia cuatro presos y un custodio penitenciario fallecido.
Carlos Paredes, ex reo y coordinador del Comité de Contraloría Social al Sistema Judicial de Lara, explicó que a los privados de libertad no se les garantizan sus derechos constitucionales, tampoco los legales, y que se pasa por encima de los pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.
Indica Paredes que ellos no son trasladados a tribunales, no se les respeta la presunción de la inocencia, sino que los tienen presos prácticamente pagando una condena sin un juicio previo, ni un debido proceso.
Manifiesta que en el mes de noviembre aún cuando él estaba detenido en Uribana se firmó un acta compromiso con Yanina Karabín, como representante del Poder Judicial; Elba Iris Rodil, Defensora del Pueblo; y la Fiscal adjunta al Fiscal Superior del Ministerio Público. Se comprometieron a revisar la situación de los retardos procesales, uno de los detonantes de las violentas protestas acometidas la semana pasada.
De la misma forma denuncia que a los reclusos los están torturando con la falta de alimentación, situación que fue avalada por los familiares de los internos.
Pidieron una investigación sobre lo que llaman una nueva masacre en Uribana.
En dicha reunión estuvo presente Daniel Antequera, diputado suplente de la Asamblea Nacional, quien indicó que era grave la situación en la que se mantiene el penal.
“Logramos que el próximo miércoles un comité de ellos tendrá derecho de palabra en la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario del parlamento, para que expongan la denuncia sobre el hambre a la cual estarían siendo sometidos”. El parlamentario indicó que hay privados de libertad que han bajado hasta 40 kilos de peso. “Es un genocidio controlado”. De la misma forma explicó que existen brotes de enfermedades cutáneas, de sarnas y respiratorias, que no deben existir en pleno siglo 21.
Una vez culminada la reunión los familiares de los internos se dirigieron hasta la Defensoría del Pueblo, donde exigirían la realización de una asamblea ciudadana para tratar diversos puntos que atañen a los privados de libertad.
