En aras de garantizar los derechos humanos de los privados de libertad, el Ministerio Público constató las condiciones de salud de las 51 personas que fueron aprehendidas este martes 29 de marzo durante los hechos de violencia registrados en la parroquia La Concordia, municipio San Cristóbal del estado Táchira.
En ese sentido, las fiscales 12° y auxiliar, además de la 20° adscritas a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales de esa jurisdicción, Ana Gamboa, Janina Peñaloza y Marelvis Mejías, respectivamente, entrevistaron a los detenidos para verificar sus condiciones de reclusión, así como el debido suministro de alimentos y medicamentos en el caso de ser necesario.
Más temprano, los fiscales de la Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público que fueron comisionados para conocer la investigación, coordinaron la práctica de reconocimientos médicos legales a los detenidos.
Vale destacar que estas personas se encuentran en varios centros de detención preventiva, entre ellos, las sedes de la Policía Nacional Bolivariana, Policía del estado Táchira y el Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana.
De esta manera, el Ministerio Público cumple con el compromiso del Estado venezolano en velar por el derecho a la salud y el buen trato a los privados de libertad.
