El Estado venezolano no ha adoptado un programa de planificación anticorrupción, y, por el contrario, incentiva esta práctica al limitar el derecho al acceso a la información pública y a la contraloría social.
Así lo expresó la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, en un informe entregado al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas como preámbulo a la segunda ronda del Exámen Periódico Universal (EPU) que rendirá el país a partir del 31 de octubre próximo.
El informe enviado por Transparencia Venezuela señala como uno de los principales raíces de la mala práctica pública a la institucionalización del hermetismo oficial amparado por sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido, durante el período comprendido entre 1999 y 2014 la ong contabilizó 60 normas que violan o limitan el derecho de acceso a la información pública.
«Según los tribunales venezolanos, especialmente las Salas Constitucional y Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los argumentos para limitar el acceso a la información son: la falta de legitimidad por parte de los solicitantes; la falta de justificación sobre la administración del control que se pretende ejercer; el amparo como vía no idónea; y el agotamiento de mecanismos judiciales previos», precisó la ong. Adicionalmente, Venezuela no cuenta con una ley de acceso a la información, lo que restringe el conocimiento sobre la ejecución y la garantía de derechos, agregó.
Fiscalía en silencio
Otra institución señalada por la organización civil como responsable de «incentivar la corrupción» por la vía de la impunidad es el Ministerio Público.
Esta institución, señaló Transparencia, «se ha negado a investigar casos como: Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Eladio Aponte Aponte, quien ofreció declaraciones detalladas de sus vínculos con narcotraficantes y de operaciones realizadas en Venezuela; ex ministro de Planificación Jorge Giordani, quien expresó la desviación en el manejo de la Empresa Petrolera Nacional (PDVSA) y el Banco Central de Venezuela, así como gasto excesivo y desorden dentro del gobierno; Capitán de Corbeta Leamsy Salazar, quien denunció a Diosdado Cabello ante la DEA, en Washington, por narcotráfico.
El 24 de marzo pasado cerró el período para que las organizaciones de la sociedad civil presentaran sus contribuciones al Consejo de Derechos Humanos con motivo de la evaluación que deberá rendir el Estado venezolano por segunda vez, durante la sesión no. 26 del Grupo de Trabajo que corresponde al período entre el 31 de octubre y 11 de noviembre de 2016.
