El presidente de la República, Nicolás Maduro, envió el pasado 17 de marzo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia (TSJ) el proyecto de reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) para que el máximo tribunal del país evalúe la constitucionalidad del texto, sancionado el 3 de marzo por la Asamblea Nacional (AN).
La propuesta del Parlamento se plantea tres meses después de que el Jefe de Estado promulgara, vía habilitante, la reforma de la ley del ente emisor y tras un debate basado en elementos de carácter político contra la institucionalidad y para favorecer al sector financiero.
Dentro del plazo de 10 días que concede la Constitución al Ejecutivo nacional para promulgar las leyes que recibe de la AN, el Presidente optó por enviar el texto al TSJ en resguardo del respeto al marco legal.
El artículo 214 de la Constitución nacional establece que cuando el Presidente de la República «considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional solicitarán el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma».
La Constitución le otorga al TSJ 15 días, a partir del momento de recibir la comunicación del Ejecutivo, para que se pronuncie.
Durante el debate en la plenaria de la AN, el diputado del Bloque de la Patria, Ricardo Sanguino, advirtió que este proyecto de ley deja en manos del sector financiero privado la política monetaria del país.
Por su parte, Ramón Lobo, también del Bloque de la Patria señaló que el instrumento «busca la manera de restaurar los beneficios socioeconómicos a las élites que hasta el año 1998 gobernaron este país».
Asimismo alertó que esta nueva reforma a la ley tiene una intencionalidad política para desestabilizar desde el área económica al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
