Una nueva encuesta publicada el domingo en Brasil mostró un fuerte apoyo a la idea de un juicio político para la posible destitución de la presidenta Dilma Rousseff, en medio de una investigación sobre corrupción que ha involucrado a buena parte de líderes políticos.
Según la encuesta de la agencia Datafolha, publicada en el periódico Folha de S. Paulo, el 68% de las personas encuestadas quiere que los legisladores voten para llevar a Rousseff a un juicio político. La cifra es 8 puntos porcentuales superior que la de febrero. El mayor aumento estuvo entre los adinerados, quienes apoyaron la destitución de Rousseff en un 74%.
Apenas el 10% de los entrevistados calificó al gobierno de Rousseff como bueno o excelente, mientras que un 69% lo calificó de malo o terrible.
Las calificaciones de su predecesor, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, también se redujeron, posiblemente afectadas por la controversia sobre su nombramiento como jefe de gabinete de Rousseff, una medida que según los críticos fue un intento de protegerlo de acusaciones de corrupción.
Bajo la ley brasileña, los miembros del gabinete no pueden ser investigados, acusados ni encarcelados a menos que así lo autorice el máximo tribunal del país.
En un indicio de la profundización de la repugnancia de los brasileños a toda la clase política, Lula se aferró a su clasificación como el mejor presidente que Brasil ha tenido, con un 35% de los encuestados avalándolo, en comparación con el 16% que eligió a su predecesor, el presidente Fernando Henrique Cardoso.
El viernes, un juez del Tribunal Supremo suspendió la nominación de Lula a un puesto en el gabinete, en medio de investigaciones de corrupción, así como manifestaciones de gran escala, tanto a favor como contra el gobierno.
La encuesta se llevó a cabo el 17 y el 18 de marzo, mediante entrevistas cara a cara con 2.794 personas en 171 ciudades y pueblos. El margen de error es de más/menos 2 puntos porcentuales.
Los intentos para impugnar a Rousseff por acusaciones de mala administración fiscal avanzaron la semana pasada, luego de que la cámara baja creó una comisión especial sobre el tema.
Los partidarios de Rousseff dicen que el juicio político es una maniobra de sus oponentes que se han visto manchados por una pesquisa no relacionada sobre comisiones ilegales y sobornos relacionados con la empresa petrolera estatal Petrobras.
