La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público entregó a sus familiares los cuerpos de otras dos víctimas de los hechos ocurridos en Tumeremo el pasado 04 de marzo.
Así lo dio a conocer este domingo 20 de marzo durante su intervención en el programa “Diálogo con”, transmitido por el canal Televen, en el que indicó que solo falta una persona por identificar del total de 17 que fueron ejecutadas con armas de fuego y posteriormente localizadas en el sector Nuevo Callao.
Explicó que aunque al principio denunciaron que se trataba de 18 desaparecidos, las pesquisas determinaron que eran 17.
Destacó que en las labores técnicas y científicas en Tumeremo participan por el Ministerio Público el director general de Actuación Procesal, Zair Mundaray, la directora de Gestión Social, Yaira Rivero, así como un fiscal nacional y dos regionales, además de un patólogo, un odontólogo forense, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y expertos.
Consultada sobre la presunta participación de funcionarios de seguridad en el hecho, puntualizó que “estamos investigando la certeza de todas las afirmaciones que se han hecho entorno a este caso”.
Reveló que fue emitida una comunicación oficial al diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, para que suministre información que posee en aras de contribuir al esclarecimiento de los hechos suscitados en Tumeremo.
Ortega Díaz también informó que hay cuatro personas privadas de libertad, entre ellas, Rosa Zoraida Gil Salazar (56), quien fue imputada por ser presunta cómplice necesaria en el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Asimismo, Luis Tomás Rivera Malavé estaría vinculado con el manejo de capitales del ecuatoriano Jamilton Andrés Ulloa Suárez, presunto responsable del hecho. Este hombre fue imputado por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Por su parte, los primos Manuel Alejandro y Carlos Alonso Balaguera fueron imputados por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, y permanecerán detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en San Félix.
La Fiscal General recalcó que existe una orden de captura contra Ulloa Suárez. “Tenemos confianza en que los cuerpos de seguridad logren su aprehensión”, dijo.
Política criminal
A su juicio, el Estado debe ejercer un control efectivo en las zonas mineras de Venezuela y resaltó que con las actividades del Arco Minero se garantizará la preservación del ambiente dado que los contratos permiten al país fijar las condiciones al respecto.
En otro tema, opinó que hay que diseñar una política criminal que aborde el sistema de justicia penal y abarque los aspectos de prevención, control y sanción, que además debe estar acorde a la particularidad de cada región, y en la que participen las instituciones del Estado correspondientes.
En este sentido, anunció que la institución garante de la legalidad inaugurará en los próximos días la Dirección de Política Criminal en virtud de lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Indicó que con esta nueva dependencia se elaborarán propuestas en esta materia.
