El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prorrogó por 60 días el Decreto de Emergencia económica del presidente Nicolás Maduro que había rechazado la Asamblea Nacional.
La Sala Constitucional del máximo tribunal del país anunció el jueves por la noche su sentencia que declaró la constitucionalidad de la prórroga por 60 días la emergencia económica, decisión que se difundió horas después que la mayoría opositora del Congreso negó la solicitud del Maduro de extender la aplicación del decreto.
Horas antes que se difundiera la sentencia, el segundo vicepresidente del Congreso, diputado Simón Calzadilla, afirmó que sí la Corte avalaba la extensión de la emergencia económica incurriría en una violación de la Constitución, y sostuvo que la Asamblea Nacional era la única autorizada legalmente para considerar las solicitudes del presidente.
Maduro lamentó la noche del jueves que el Congreso le negara la prórroga de la emergencia económica, y dijo que el Tribunal Supremo «me ha dicho, en una decisión histórica (…) que las razones por las cual ha sido activado (el decreto) para proteger al país nacional e internacionalmente están plenamente vigentes».
El mandatario pidió a finales de la semana pasada a la Asamblea Nacional que autorizara la extensión por 60 días del decreto de emergencia que acordó en enero para atender la compleja crisis económica.
La coalición opositora rechazó el decreto de emergencia y su prórroga por 60 días alegando que las acciones del gobierno no atienden la galopante inflación, la severa escasez y la recesión, y exigió el cambio inmediato del modelo económico.
Esta es la cuarta sentencia en casi dos meses y medio que emite el Tribunal Supremo —controlado por el oficialismo_, que contraviene decisiones de la Asamblea Nacional, en un abierto enfrentamiento entre los dos poderes.
Entre enero y este mes el Tribunal Supremo suspendió la designación que hizo el Congreso de tres diputados opositores; declaró vigente el decreto de emergencia de Maduro que rechazó la mayoría opositora; limitó las funciones del Legislativo para citar a los funcionarios civiles y militares, y dejó sin efecto la revisión de las designaciones de 13 magistrados que acordaron los congresistas opositores.
