Cuatro meses sin el servicio de agua potable tienen las 350 familias que habitan en el caserío El Paují, de la parroquia San Miguel en el municipio Urdaneta.
Este miércoles en la mañana decidieron concentrarse en los laterales de la vía que comunica El Paují con Santa Inés cuando, según el testimonio de los protestantes, llegó una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana y los atacó.
Víctor Semeruco, vocero del Frente Clasista Argimiro Gabaldón por los Derechos Humanos, dijo que los castrenses arremetieron contra todos incluso ancianos y niños.
Hubo cuatro damas lesionadas y dos de ellas quedaron detenidas. Efectivos alegaron resistencia a la autoridad y obstaculización de la vía pública. Semeruco aseguró que la detención fue ilegal porque hay fotos y videos que comprueban que no trancaron el paso vehicular y que la guardia actuó de manera agresiva.
“Las reseñaron en el Cicpc como unas vulgares delincuentes, eso es una injusticia”.
Las damas son Cornelia de la Cruz Cordero (61) y su hija María Isabel Miranda (32), ambas habitantes de El Paují, y se sumaron a la protesta porque padecen al no tener el servicio de agua potable, por una falla en los motores de los acueductos rurales que dependen de la Alcaldía de Urdaneta.
Contaron los vecinos que los cisterneros privados cobran entre 1.500 y 2.000 bolívares para abastecer 50 pipas, que los abastece por tres días como máximo.
Ante la falta de preocupación de los gobernantes con competencia, se unieron para reclamar su derecho al servicio.
Ayer en la mañana, vecinos de las detenidas acudieron a Fiscalía 21 del estado Lara para pedir se abra una investigación contra los funcionarios por abuso de autoridad y uso desproporcional de la fuerza.
También pidieron que cese la persecución contra líderes sociales de la comunidad.
Hasta horas de la tarde, las detenidas estaban en plena audiencia de presentación ante tribunales larenses y todavía se desconocía si quedarían privadas de libertad o saldrían libres.
