RIO DE JANEIRO (AP) — Manifestantes se congregaban en diversas ciudades de Brasil el jueves cuando la presidenta Dilma Rousseff se aprestaba a tomar juramento a su predecesor y mentor como jefe de gabinete, un hecho insólito que los partidarios del gobierno esperan alivie la crisis política que alborota a la nación más grande de Latinoamérica, pero los detractores consideran un intento descarado de evitar que se lo procese por corrupción.
Rousseff designó al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva el miércoles para que la ayude, dijo, a enfrentar la recesión más grave en varias décadas y tratar con un Congreso hostil y poco dispuesto a colaborar con una presidenta cuyo índice de aprobación ha caído por debajo del 10%. La crisis política atenaza al país que será anfitrión de los Juegos Olímpicos en menos de cinco meses.
Hábil operador político, Silva aparece como la esperanza de Rousseff para sellar alianzas con partidos centristas y de derechas en el Congreso y obtener el respaldo de los movimientos sociales. Además se le considera un elemento crucial para bloquear un juicio político a Rousseff, acusada de mal uso de fondos fiscales. Ambos han negado reiteradamente haber cometido delito alguno.
Horas antes de la hora prevista de la juramentación, manifestantes en Sao Paulo y Brasilia alzaban pancartas con la leyenda «Renuncia ahora» y coreaban consignas por el juicio político a Rousseff. Algunos llevaban enormes muñecos inflables de Lula vestido de presidiario.
El país de 200 millones de habitantes enfrenta crisis en varios frentes. La investigación de un enorme plan de sobornos en la petrolera estatal Petrobras ha implicado a la elite política y empresarial del país. Es el país más afectado por el brote de zika, que según los científicos puede provocar defectos de nacimiento cuando infecta a mujeres embarazadas. La economía sufre la recesión más grave desde la década de 1930, con aumento de la inflación y anuncios diarios de despidos que provocan miedo y desesperación. Y en medio de todo, Río de Janeiro será la sede de los Juegos Olímpicos en agosto.
En conferencia de prensa el miércoles, Rousseff negó con vehemencia que Silva aceptó el puesto para demorar las investigaciones que lo implican en el caso Petrobras y dijo que el ser miembro del gabinete no significa gozar de inmunidad.
«No significa que no lo investigarán», dijo Rousseff. «Es cuestión de quién lo investigará».
Rousseff, que fue jefa de gabinete de Silva en 2005-2010, se declaró «muy feliz» de contar con él en su gobierno.
«Su ingreso a mi gobierno fortalece mi gobierno», dijo.
Una semana de por sí crítica finalizó con un giro insólito el miércoles por la noche, cuando el juez investigador del caso Petrobras difundió grabaciones de llamadas entre Silva y destacadas figuras públicas. Estas sugieren que se intentó ayudar al expresidente a superar sus males jurídicos, según el juez Sergio Moro.
Las democracias «exigen que la gente sepa lo que hacen sus funcionarios, incluso cuando tratan de actuar ocultos en las sombras», sostuvo el magistrado.
Si bien no hubo indicios de que los intentos de favorecer a Silva tuvieron algún resultado, el desarrollo vertiginoso de los acontecimientos alimentó la furia contra Silva, Rousseff y su Partido de los Trabajadores.
El palacio presidencial calificó la difusión de las grabaciones de «afrenta a los derechos y garantías de la presidencia» y aseguró que «se tomarán todas las medidas judiciales y administrativas apropiadas para reparar la flagrante violación de la ley la constitución cometida por el juez detrás de la filtración».
Un abogado de Silva, Cristiano Zanin Martins, dijo que la difusión de las grabaciones provocaba una «convulsión social… que no es la función del poder judicial».
La policía dispersó con gases y granadas aturdidoras a unos 5.000 manifestantes contra el gobierno concentrados frente al Congreso el miércoles por la tarde. También hubo protestas en Sao Paulo y Río de Janeiro.
En la ciudad sureña de Curitiba, donde Moro tiene su sede, cientos de personas se concentraron frente al tribunal en apoyo al magistrado y su investigación de un plan de corrupción en Petrobrás que según los fiscales sumó miles de millones de dólares en sobornos a cambio de jugosos contratos.
El domingo, unas 3 millones de personas marcharon contra el gobierno en diversas ciudades. Se planeaban nuevas protestas para el jueves y viernes.
