RIO DE JANEIRO (AP) — Las conversaciones telefónicas pinchadas entre el expresidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, y figuras públicas destacadas apuntan a que se hicieron intentos para interceder en favor del expresidente en sus problemas judiciales, según el magistrado a cargo de la amplia investigación sobre la petrolera estatal brasileña Petrobras.
El juez Sergio Moro desveló casi 50 grabaciones el miércoles. La publicación se produjo horas después de que la presidenta, Dilma Rousseff, nombrase a Silva como su jefe de gabinete, una decisión que sus detractores vieron como un intento de proteger al exmandatario de una posible detención.
En su presentación, Moro justificó la publicación afirmando que las democracias «exigen que la gente sepa lo que hacen sus dirigentes, incluso cuando intentan actuar al abrigo de la sombra». También destacó que no hay indicios de que los intentos de conseguir favores para Lula tuvieran éxito, pero la sucesión de acontecimientos de la jornada pareció avivar el descontento contra Rousseff y el gobernante Partido de los Trabajadores.
La policía empleó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra una multitud de unos 5.000 manifestantes contrarios al gobierno que se congregó ante el Congreso el miércoles por la noche. También hubo protestas en Sao Paulo y Río de Janeiro. En la ciudad sureña de Curitiba, donde trabaja Moro, cientos de personas se reunieron ante la corte en apoyo al magistrado y a su investigación sobre una trama corrupta en Petrobras, que según los fiscales implicó miles de millones en sobornos para asignar contratos inflados.
Unos 3 millones de personas participaron el domingo en marchas contra el gobierno en todo el país.
El nombramiento de Lula como jefe de personal está ampliamente considerado como una maniobra para protegerlo de problemas legales. Bajo la ley brasileña, sólo la Corte Suprema de Brasil puede autorizar la investigación, encarcelamiento y juicio de los miembros del gabinete y los legisladores. Ese estado legal especial ya aplica para Lula porque su nombramiento apareció en una edición especial de la gaceta oficial gubernamental. Estaba previsto que asumiera el cargo en una ceremonia en Brasilia el jueves por la mañana.
«Observo que en algunos diálogos se habla al parecer de tratar de influir u obtener ayuda de los funcionarios en la oficina de la fiscalía pública o del magistrado en favor del expresidente», indicó Moro en un texto publicado el miércoles por la noche que acompañaba a las casi 50 grabaciones.
Sin embargo, añadió, «no hay indicios dentro o fuera de los diálogos de que aquellos mencionados de hecho procedieran de una manera inapropiada».
«Por el tenor de las conversaciones grabadas, es evidente que el expresidente ya sabía o al menos sospechaba que estaba siendo grabado», dijo el juez.
En un nuevo giro del caso, algunas grabaciones parecían haber tenido lugar después de que Moro ordenara el cese de las escuchas. En un comunicado, la policía dijo que las operadoras de telefonía detuvieron las escuchas en cuanto recibieron la orden judicial, pero que aplicarla podría haber llevado un tiempo. La policía añadió que incluir las grabaciones en la investigación fue decisión del magistrado.
En un comunicado el miércoles por la noche, el palacio presidencial consideró que la divulgación de las grabaciones es una «afrenta a los derechos y garantías de la presidencia». Agregó que «serán tomadas todas las medidas penales y administrativas apropiadas para reparar la violación flagrante de la ley y la constitución cometidas por el juez detrás de la filtración».
Un abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, condenó las grabaciones y dijo que su divulgación fue para provocar una «convulsión social… que no es el papel del poder judicial».
La divulgación de las grabaciones fue el último giro en una saga dramática que ha sido comparada con las famosas telenovelas brasileñas en horario estelar.
El nombramiento de Lula el miércoles coronó días de intensa especulación.
En una rueda de prensa tras el anuncio, Rousseff negó con rotundidad que Lula hubiera aceptado el cargo para demorar las pesquisas en su contra e insistió en que la posición legal de los ministros no les otorga inmunidad.
«Esto no quiere decir que no va a ser investigado», dijo la presidenta. «Es una cuestión de quién lo investigara».
Rousseff, quien ocupó el cargo de jefe de gabinete de Lula de 2005 a 2010, dijo que estaba «muy contenta» de tener a Lula en su gobierno.
«Al unirse a mi gobierno, fortalece mi gobierno», aseguró.
Considerado un operador político consumado, Lula da Silva es visto como la mejor esperanza que tiene Rousseff para recabar apoyo para su gobierno y para su agenda de trabajo, pues la podría ayudar a sellar alianzas con partidos de centro y derecha del Congreso brasileño, así como asegurarse el apoyo de movimientos sociales.
El exmandatario también es visto como una figura crucial para combatir un juicio político en contra de la presidenta por acusaciones de mala gestión fiscal no relacionadas con el caso Petrobras.
La oposición criticó el anuncio del miércoles y los analistas pronosticaron que podría debilitar de manera drástica a Rousseff.
Rousseff no había sido tocada por la crisis, pero la Corte Suprema aceptó el martes un acuerdo entre un fiscal y el ex líder del partido en el Senado, Delcidio do Amaral, que dice que la presidenta sabía de las irregularidades ocurridas en Petrobras, las cuales supervisó anteriormente.
Tanto Rousseff como Lula han negado repetidamente cualquier irregularidad.
