SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles un decreto transitorio que permitirá dejar en libertad a los reos que padezcan de una enfermedad terminal o degenerativa, así como aquellos hombres y mujeres que hayan cumplido un tercio de su condena y sean mayores a 60 años.
Según el decreto transitorio que fue aprobado con los votos de 74 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, quedan excluidas las personas que hayan sido condenadas por delitos cuya pena impuesta sea igual o mayor a los ochos años de prisión; que hayan cometido delitos graves como crimen organizado, lavado de dinero, corrupción, terrorismo o asociaciones ilícitas, delitos contra la libertad sexual y delitos relativos a la vida del ser humano en formación, entre otros.
Tampoco podrán ser beneficiados los reos que se encuentran en régimen de internamiento especial en centros de seguridad.
El diputado del Partido Democracia Cristiana (PDC), Arnoldo Marín explicó a los periodistas que no gozarán de este beneficio «los que hayan cometido delitos sexuales, agrediendo a niñas y mujeres».
Según estadísticas de la Dirección de Centros Penales, al 14 de marzo guardaban prisión en las 22 cárceles del país un total de 33.299 personas, de los cuales 24.303 ya han sido condenados y 8.996 están siendo procesados. Del total de reos 3.218 son mujeres y 475 extranjeros.
Para gozar de este beneficio se deberá de presentar un dictamen médico emitido por el estatal Instituto de Medicina Legal y por un equipo Técnico Criminológico que certificará el padecimiento.
Con este decreto transitorio que durará un año, se cumple con una de principales propuestas del presidente Salvador Sánchez Cerén destinadas a combatir el clima de violencia que enfrenta el país y destinar a más policías y soldados a las tareas de seguridad
Según un comunicado de la Casa Presidencial, se espera que el hacinamiento en las cárceles se reduzca en cerca de un millar de presos.
El gobierno salvadoreño estudia una serie de medidas especiales que serán enviadas a la Asamblea Legislativa para su estudio y aprobación, en el combate a la violencia criminal generada por las maras o pandillas.
