De los recuerdos más indelebles que tengo de mi vida como estudiante de periodismo de la Universidad Católica Andrés Bello, fue una asignación especial que nos puso Carmen Martínez de Grijalva, en el año 1986. Cada estudiante escogió un periodista al azar y se dedicó un día a acompañarle en el trajín de reportero, para luego escribir una crónica de aquello. Yo escogí a Héctor Landaeta
El gordo Landaeta -como ya se le llamaba en aquella época- cubría la fuente universitaria para El Nacional y además era activista sindical de la entonces nueva camada de “Cuartillas”, grupo de jóvenes comunicadores que se había impuesto en las elecciones del año anterior, tanto en el Colegio Nacional de Periodistas como en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Recuerdo claramente aquella jornada en la que estuve unas 10 horas continuas con Landaeta. Durante tres décadas el gordo siempre que me veía hacía el chiste de que él todavía no había logrado entender el por qué yo lo había escogido para aquella asignación universitaria.
No era aquel 1986 del tipo “eramos felices y no lo sabíamos” con el que tanta frecuencia se quiere etiquetar al bipartidismo que antecedió al chavismo. No, aquel momento demandaba compromiso con el periodismo y la libertad de expresión.
Venezuela era gobernada por Jaime Lusinchi (1984-89), quien pasó a ser recordado como el presidente más restrictivo, desde la época de la dictadura de Pérez Jiménez, en materia de libertad de expresión e información. El chavismo posteriormente, en mala hora para el país, se encargaría de emularle. En aquel tiempo, el Régimen de Cambios Diferencial (RECADI) se convirtió en una poderosa arma para silenciar temas incómodos, como la vida sentimental del jefe de Estado, a la par que devino en mecanismo eficaz para la autocensura en muchos medios del país. Las llamadas telefónicas desde el Palacio de Miraflores a las redacciones para presionar, mediante chantajes directos o indirectos, se hicieron moneda corriente en aquellos años.
Dos periódicos, El Diario de Caracas y El Nacional, en forma selectiva, fueron objeto de presiones a partir de 1986. Al segundo medio, por ejemplo, nunca le llegaron a negar oficialmente las divisas, pero su entrega era demorada, los trámites alargados intencionalmente, con el fin de mantener en jaque permanente a la empresa y demostrar que el gobierno tenía el poder de hacerla naufragar. Contra El Nacional el mecanismo de presión fue directo.
El divorcio presidencial y la existencia de una amante, que en los hechos ejercía como primera dama de facto, tuvieron resonancia en el ejercicio del derecho a la información. El diario El Universal, en un editorial penoso prácticamente justificó su autocensura en el tema; y no era asunto trivial, la periodista Rossana Ordoñez fue sacada del aire, casi de inmediato, tras abordarlo en un programa matutino que conducía en RCTV tras una llamada desde Miraflores. En octubre de 1986, ejemplares de la prensa frívola española fueron retenidos al llegar a Venezuela por las autoridades, por el atrevimiento de reseñar con pelos y señales los diferentes arreglos protocolares y habitacionales que debieron hacerse en Madrid para recibir al jefe de Estado y a Blanca Ibáñez, su amante presentada en público como su secretaria privada.
Un año después de todo esto, Lusinchi tuvo el atrevimiento de presentar un proyecto de ley ante el Congreso para la salvaguarda del “honor y la reputación de las personas”. Pese a que en el legislativo Acción Democrática tenía amplia mayoría, tal legislación no llegó a aprobarse.
El gordo murió este 7 de marzo de 2016, en Barquisimeto. Falleció con las botas del periodismo puestas, ya que hasta último momento estuvo ejerciendo su rol de director de El Informador, en el que estuvo los últimos meses. Han pasado 30 años de aquel día en la vida del periodista Héctor Landaeta. Fue uno de esos días que marcaron mi vida profesional, que entonces comenzaba.
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