La Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso relacionado con el despido de tres funcionarias gubernamentales en 2004 tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez, se informó el martes.
La CIDH dijo que los tres despidos no fueron un caso aislado porque «se documentaron múltiples denuncias sobre despidos en el sector público como represalia por haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio».
La Comisión anunció haber remitido el caso el 8 de marzo después de que el Estado venezolano incumpliera varias recomendaciones, tales como reincorporar a las víctimas a cargos de igual categoría, y repararlas en el aspecto material y moral.
La Comisión, basada en Washington, tiene por misión recoger las denuncias, analizarlas y dictar sentencia, pero si sus recomendaciones no con acatadas por el Estado involucrado, hace llegar el caso a la Corte, que tiene su sede en San José, Costa Rica.
Las demandantes contra el Estado venezolano son Rocío San Miguel, Magally Chang Girón y Thaís Coromoto Peña, quienes se desempeñaban en el Consejo Nacional de Fronteras.
La CIDH mantiene a Venezuela desde 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial.
