Una de las mayores deudas que tiene el Estado con la población es la vivienda, establecida en la Constitución Nacional como un derecho fundamental.
Las cifras de déficit habitacional durante 2015 se ubicaron en 3 millones, según Choi Mey Lau, expresidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara.
Ángel Alayón en su estudio “Vivienda en Venezuela: un problema con solución” sostiene que se necesitan actualmente 7.5 millones de unidades habitacionales.
Aunque el artículo 82 de la carta magna establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias, y que la satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y el Estado en todos sus ámbitos, en la práctica no está ocurriendo, pocas son las personas que logran acceder a una casa y muchos son los trámites y trabas que deben superar para lograrlo.
El mismo artículo 82 agrega que el Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. Pero el costo que debe pagar este sector de la sociedad es alto: les exigen estar inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), no les facilitan las condiciones para pagar, eso los hace dependientes del Gobierno que posee los títulos de propiedad, y cuando finalmente les entregan las viviendas, éstas suelen estar incompletas.
Camila Anzola empezó a tramitar su casa en la Villa Productiva, al oeste de Barquisimeto en el año 1997. Fue a Fontur, llenó la planilla de solicitud y llevó copias de las partidas de nacimiento de sus cinco hijos. Con el cambio de gobierno de Rafael Caldera a Hugo Chávez, el proyecto pasó de Fontur a la entonces Décima Tercera Brigada (Ejército). Durante un mes fue todos los días para que la vieran, entonces le pidieron balance de bienes y le hicieron estudios socioeconómicos.
Tuvo que llenar tres veces las carpetas con todos los requisitos que le pedían. En junio de 2002, al cabo de cinco años, le dijeron que le entregarían la casa, pero por no contar con la inicial que eran 500 mil bolívares (antes de la reconversión monetaria) perdió la oportunidad. Debió esperar hasta el 2003 cuando se la entregaron luego de pagar una inicial de un millón 500 bolívares. El costo total era de 15 millones por una casa que estaba sin luz y sin agua, pero Anzola la habitó porque le dieron la llave y le dijeron que aunque estaba asignada a ella, otra persona ya había pagado cinco millones de bolívares para meterse. La recibió y tomó los suministros de luz y agua ilegalmente, con el transcurrir de los meses logró legalizarlos. Le entregaron un documento de compra-venta, pero no le dijeron que tenía que pagar y nunca pagó una cuota. Hace cuatro años (luego de la reconversión monetaria) le dijeron que el precio de su casa se había incrementado 34 mil bolívares y que debe pagar 100 bolívares por 20 años. Le entregaron un número de cuenta donde debía depositar, le dijeron que al terminar de pagarla le entregarían el título de propiedad.
“Hasta ahora nadie tiene título, no podemos dar fe de que así será. Ojalá nos entreguen nuestros títulos”, expresó Anzola.
Derecho universal
Xiely Gómez, coordinadora académica del diplomado de Derechos Humanos y Conciencia Ciudadana de la UCLA, define la vivienda como un derecho universal y por eso el Estado venezolano está obligado a garantizarlo.
Gómez sostiene que la vivienda incluso es un derecho previsto en el pacto de San José y por ende el gobierno debe promocionarlo, protegerlo, defenderlo y garantizar que se cumpla.
Un calvario
Para Ricardo Manzanares, un barquisimetano con tres hijos, no ha sido así. Empezó los trámites para tener una vivienda en el urbanismo Alí Primera, al norte de la ciudad, en 2010 y se la entregaron en octubre de 2014. Primero le pidieron cuatro carpetas para el comité de vivienda (organización comunal dentro de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela).
Le entregaron una planilla para llenar y debía anexar fotos de la casa en la que vivía, fotos de los integrantes de la familia, especificar si vivía alquilado o arrimado, carta de no poseer vivienda, foto tipo carnet, partida de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio o defunción en caso de ser necesario y constancia de residencia avalada por el consejo comunal. Debía demostrar que estaba inscrito en el Psuv, de no ser así, tenía que escribir una carta explicando el motivo por el cual no estaba inscrito. Además entregó una constancia de trabajo, especificando sueldo, horario y antigüedad. Le exigían estar inscrito en el Sistema Faov y pedir los papeles en la empresa para consignarlos.
Le revisaron los movimientos de sus cuentas bancarias durante los últimos tres meses y entregó los últimos seis recibos de pago del trabajo. Si estaba pagando algún crédito debía especificar con cuál empresa y aclarar para qué usó el capital prestado. Debió entregar referencias bancarias y sacar tres copias a los recaudos para entregar cuatro carpetas en digital y en físico: una para Inavi, otra para Banavih, una tercera para el Ministerio de la Vivienda y otra que le quedaba a él firmada y sellada como constancia de las consignadas.
A los 15 días le hicieron un estudio socioeconómico a través de Inavi. “No era fácil hacer estos trámites, para lograr un documento debía esperar hasta un mes, cuando tramitaba uno se vencía el otro”, cuenta.
Al mes del estudio lo llamaron y le informaron que debía ir a los apartamentos a resguardarlos. Podía dormir, bañarse, cocinar, pero no se podía mudar. “El resguardo fue por cuatro meses porque se estaban robando los grifos y lavamanos por eso aceleraron el paso y nos entregaron la vivienda en octubre de 2014”.
Ya instalado en su casa, le dijeron que no podía hacer modificaciones por un año. “Los que pudieron remodelar lo hicieron, sabiendo que podían perder la garantía del apartamento por posibles daños a la estructura”.
Manzanares detalla que el apartamento se lo entregaron sin pisos ni protectores de ventanas; tampoco tenían servicio de agua y luz; pero estaba contento porque luego de cuatros años de diligencias contaba con techo.
Los primeros seis meses los funcionarios de Inavi los visitaban durante la semana a cualquier hora, para chequear que de verdad vivieran allí. De no encontrarlos en el sitio debían explicar el porqué, a la segunda vez era igual, pero a la tercera perderían la casa.
“No fue fácil a veces nos cohibíamos de salir por miedo a que no nos encontraran”, relata Manzanares.
Después de seis meses lo llamaron de Inavi para la entrevista y revisión de documentos, para ver si alguno estaba vencido. “Me dijeron que nunca había llevado las carpetas y aunque mostré mis copias como las había entregado, me hicieron armar cuatro más”.
Un año después lo llamaron para la firma del protocolo para empezar a pagar el apartamento. “Revisaron el sitio donde está ubicado el apartamento, número de habitaciones, la estructura y fijaron la fecha para pagar con un lapso de 20 años”.
“Actualmente el título de propiedad está en mano del Estado porque es por crédito hipotecario, con la Ley Política Habitacional (LPH) solo se puede amortizar la cuenta”, explica.
Manzanares aún no ha comenzado a cancelar pese a que firmó el protocolo hace dos años, pero comenta que algunos de sus vecinos, quienes prefirieron no hablar, pagan actualmente entre 500 y mil bolívares mensuales.
Le dijeron que al terminar de pagar debe ir Banavih para que le entreguen el título de propiedad, pero por ahora no sabe qué pasará con su casa y esa incertidumbre de vez en cuando se mete en su cabeza y le roba el sueño por las noches.
Sueño imposible
Choi Mey Lau, expresidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, afirma que cada día es más difícil encontrar una casa para los sectores de clase media y popular. “El venezolano siempre ha tenido el proyecto de que cuando sea grande tendrá una casa y un carro, ese es el sueño venezolano. Hasta hace 7 años atrás era difícil, pero desde que arrancó la GMVV, es casi imposible”.
Y es que Lau cree que es improbable que el actual gobierno haya construido un millón de casas porque de ser así el déficit actual sería menor. “La realidad es que se ha incrementado a 3 millones el número de familias sin viviendas durante 2015, si hubiesen construido un millón de viviendas el déficit sería menor. A eso se debe agregar que cuando remodelan un rancho lo meten en las estadísticas de las casas construidas, pero se trata de simples reparaciones, no son casas nuevas ni dignas”.
Agrega que en muchos casos las viviendas son entregadas sin drenaje, luz, ni agua. “Muchas casas son entregadas sin los servicios básicos; es decir que no son viviendas dignas como establece la Constitución. Cita como ejemplo los apartamentos del urbanismo Alí Primera en el norte de la ciudad que los entregaron sin agua y luz. “El que no tenga más nada que se quede ahí, pero ese no es el deber ser”.
Recuerda la bonanza que vivió el país durante la época de Hugo Chávez y lamenta que la población en general hoy sea más pobre. “El Gobierno recibió por ingresos petroleros un billón, 280 mil millones de dólares; es para que Venezuela estuviera como una tacita de plata”.
Cuenta que el sector inmobiliario privado no pudo seguir construyendo casas porque el Gobierno expropió las industrias productoras del acero y cemento y desde entonces ha habido escasez en los materiales de construcción. “Lo poco que se fabrica ha sido para la Misión Vivienda”.
Detalla que en todos los países el sector construcción representa el 35% de la economía nacional y está en manos privadas, pero en Venezuela prácticamente desapareció. “Para el sector privado es muy difícil construir una vivienda. Los costos son muy altos, porque la escasez de materiales hace que los precios suban”.
Explica que anteriormente la LPH ofrecía tres opciones para los estratos 1, 2 y 3; pero hoy en día el gobierno solo atiende las clases populares. “La clase media quedó excluida, para adquirir una vivienda debe hacerlo a través de la Ley del Deudor Hipotecario que cobra intereses muy altos, el gobierno apenas atiende a un pequeño sector de la clase popular y los maltrata porque deben hacer miles de trámites por una vivienda y se la entregan incompletas”.
Señala que hay trabajadores que llevan hasta 20 años pagando LPH, pero hoy no tienen la opción de usarla. “La LPH actualmente no alcanza ni para una cuota mensual. El gobierno acabó con el derecho a la vivienda de los venezolanos”.
Casas en meses
Algunas personas contaron cómo lograron comprar sus casas entre las décadas de los 80 y los 90. Comentan que para la época la oferta de vivienda era amplia, hasta el punto de ofrecerles tres opciones para comprar: clase popular, media y alta. “El trámite de una vivienda podía durar entre tres y seis meses en el peor de los casos, además uno podía escoger la zona”.
Ángela Ameruoso compró su apartamento en Los Cardones en 1992. Cuenta que para la época la LPH ofrecía tres estratos. Ella seleccionó el dos que era para la clase media. Luego de ver el apartamento en Los Cardones fue a Casa Propia, que era el banco financista de ese urbanismo, dijo que trabajaba en EL IMPULSO y que quería comprar una vivienda ubicada en Los Cardones. A los tres meses le estaban entregando su apartamento. Pagó una cuota inicial de 15% del costo total. La vivienda le salió en un millón 50 mil y le pidieron Cédula de Identidad, constancia de trabajo, verificaron que sus ingresos cubrieran las cuotas a pagar, además le pidieron constancia de que no tenía vivienda.
“Ese fue el trámite más lento, pero duró una semana”, recuerda.
Cuando el banco le aprobó el crédito, firmó un título de propiedad provisional que especificaba que estaba pagando y el definitivo lo obtendría al terminar los pagos. “Había varias opciones para cancelar 10 años, 15 años, 20 y 25 años. Había mucha facilidad”, apunta.
Ameruoso hizo el último pago al cabo de 15 años. Entonces le entregaron el título de propiedad, a la semana fue a una notaría y lo registró.
Paula Carrillo hizo la solicitud en mayo de 1986, llenó una planilla a través de Fundalara. En ese momento construían casas en el Este (Fundalara), Obelisco, Cabudare y Carora. Le dieron a escoger en diversos urbanismos y ella se decidió por el sector Fundalara en Carora. “Tuve varias opciones a través de la LPH, pero me decidí por Carora, porque es mi tierra natal”.
Le hicieron un estudio socioeconómico en el cual debía especificar las cargas económicas y constancia de trabajo con los ingresos salariales. A los cinco meses le entregaron la vivienda con un título de propiedad provisional. La casa le costó 12 millones de bolívares con un plazo para pagar de 20 años. Terminó de cancelarla a los 15 años, al pagar la última cuota le entregaron su título de propiedad y a la semana lo llevó a la notaría pública para validarlo.
Evelia Vargas hizo la solicitud en junio de 1989 a través de Fundalara. Llenó una solicitud, le hicieron un estudio socioeconómico y a los 6 meses le entregaron la vivienda en Valle Hondo, Cabudare. Le dieron un título de propiedad provisional. Pagó una inicial de tres mil bolívares con cuotas de 1 millón 500 mil bolívares, a los cinco años la había pagado aunque el plazo era de 20. Al pagar la última cuota le entregaron el título de propiedad a su nombre y lo llevó a la notaría, una semana después todo el trámite estaba listo, desde entonces goza de casa propia.
Precios inalcanzables
Los precios por una casa son impagables para las familias de clases media y obrera. Una vivienda del mercado secundario (usada) en la Cleofre Andrade (Los Cerrajones) de 72 metros cuadrados, con dos habitaciones y un baño y 30 años de antigüedad, cuesta 6 millones 500 mil bolívares.
En Tamaca, una de 82 m2, 10 años de antigüedad, con tres habitaciones y dos baños, la venden en 3 millones 400 mil. En la avenida San Vicente una de 100 m2, con tres habitaciones y un baño, cuesta 10 millones. En Roca del Norte, Tamaca, una de 75 m2 con tres habitaciones y un baño, y tres años de antigüedad, la ofertan en 13 millones. En el centro una 80 m2 con tres baños y dos habitaciones, sale en 20 millones. En Bararida una de 3 habitaciones, dos baños, con 50 años de antigüedad, la venden en 40 millones. En El Trigal de Cabudare, una de 3 habitaciones y dos baños, sale en 22 millones 500 mil. Estas son las viviendas más económicas que se venden a través de Mercado Libre en Barquisimeto, sin servicio de inmobiliaria.
El máximo de financiamiento a través de crédito hipotecario es de 2 millones de bolívares aproximadamente para una persona que devenga un salario superior a 60 mil mensual.
