Un batallón de costureras uniformadas de rojo confecciona chalecos, pantalones y morrales para soldados en una fábrica textil en Fuerte Tiuna, principal complejo de la Fuerza Armada de Venezuela, que administra desde esa empresa hasta una compañía de petróleo recién creada por el presidente Nicolás Maduro.
En un galpón contiguo, amplio e iluminado, una embotelladora de agua potable del Complejo Industrial Tiuna abastece los comedores de la instalación militar, donde en varias paredes está pintada la silueta de los ojos del fallecido expresidente socialista Hugo Chávez.
En Maracay , un grupo de uniformados corta la maleza en un vivero de tomates, mientras otros vacunan a cerdos en un criadero.
Un canal de televisión, un banco, una ensambladora de vehículos y una constructora son algunas de las empresas controladas por los militares venezolanos, quienes sumaron un nuevo activo el pasado 10 de febrero con la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).
La industria cumplirá tareas similares a las de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), como rehabilitar y mantener pozos, y vender y distribuir productos de la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera.
«Yo no diría que es una compañía paralela a Pdvsa, es una compañía al servicio de Pdvsa», dijo a la AFP el viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Defensa, mayor general Alexander Hernández, durante una visita a los centros productivos de Fuerte Tiuna.
Hernández señaló que Camimpeg tendrá «una relación comercial» con Pdvsa a través de «contratos» que definirán los servicios a prestar.
El decreto que emitió Maduro para crear Caminpeg argumenta que la Fuerza Armada debe «fortalecer su propia doctrina y tecnología, adecuando la industria militar a las necesidades del pueblo venezolano».
Corazón de la industria militar
Exonerada de rendir cuentas ante el Parlamento en su decreto de fundación, Camimpeg es el corazón del «motor industrial militar», uno de los 14 motores creados por Maduro para afrontar lo que considera una «guerra económica» con que los empresarios buscan desestabilizar a su gobierno.
«A nosotros nos monitorea mucha gente: la Contraloría, todo el sistema de inspección de la Fuerza Armada también (…). Hay un sistema de control dentro de la Fuerza Armada y externo a ella que ejerce sus funciones», aseguró Hernández.
No obstante, la mayoría opositora del Parlamento estudia mecanismos para fiscalizar a Camimpeg, explicó a la AFP el diputado Alfonso Marquina, presidente de la comisión de Finanzas.
«Nos preocupa que la principal industria del país quede en manos de un poder que nadie controla», advirtió.
Amparada en un decreto de emergencia económica aprobado por Maduro en enero, Camimpeg arranca en simultáneo a la firma de acuerdos con empresas chinas y africanas para la exploración y explotación del «Arco Minero», de casi 112.000 km2 en el sureste del país.
Para Hernández, la desaparición en el estado de Bolívar (sur) de 28 mineros en un presunto ataque armado la semana pasada demuestra que los militares pueden «ayudar» a Pdvsa a llegar donde sea «más riesgoso explotar el recurso».
Buscando la autosuficiencia
En medio de la escasez que asola al país, Maduro sumó en febrero a los militares a la producción agropecuaria. Para desarrollar 470.569 hectáreas este año, los autorizó incluso a cultivar en las unidades militares.
El objetivo es «tratar de producir lo que la Fuerza Armada consume desde el punto de vista de alimentos», y el excedente «colocarlo a la orden del pueblo», detalló Hernández. Venezuela tiene 165.000 efectivos militares y 25.000 en reserva, además de miles de integrantes de la milicia.
El sector privado cuestiona que las semillas lleguen a los cuarteles mientras el gobierno no entrega divisas para cancelar los 12.000 millones de dólares que adeuda a proveedores internacionales y poder así normalizar sus actividades.
La fabricación de armamento y municiones, la actividad productiva tradicional de los militares, también resultó afectada por la caída de los precios del petróleo, que aporta 96% de las divisas que ingresan al país.
«Nuestra producción estuvo alrededor de 25 a 30% menos», dijo a la AFP el general de división Santiago Sandoval, presidente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim).
De una producción estimada de 11 millones de municiones anualmente, esperan garantizar 85% para 2016. «El motor militar industrial permitirá darle un impulso a Cavim», confía.
La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío Sanmiguel, critica que el gobierno esté dando «un anclaje económico a los militares», en tanto que la oposición insiste en que éstos deben estar en los cuarteles.
