Rafael Esquivel, hasta el año pasado presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), fue enviado a Estados Unidos desde Suiza, por la vía de la extradición, y desde este martes le hará frente a la justicia del país norteamericano, que le acusa de participar en una red de corrupción encabezada por otrora altos funcionarios de la Conmebol (Confederación Suramericana de Fútbol) con el tema de los derechos de transmisión para las recientes ediciones de la Copa América.
Un cable informativo de la agencia de noticias AFP dio cuenta del arribo de Esquivel a Nueva York para seguir la otra parte del proceso que encara. El anterior hombre fuerte del fútbol venezolano viajó en un vuelo secreto desde Zúrich a la llamada Gran Manzana, acompañado de dos policías.
Su extradición no es un suceso novedoso, porque ya estaba cantada desde la semana anterior, pero se demoró por quebrantes de salud del exdirigente. En principio, Esquivel interpuso un par de acciones para evitar su deportación a suelo estadounidense, pero a finales de febrero retiró el recurso y aceptó ser extraditado, confiado en que podrá ser juzgado en libertad, como lo adelantó su abogado, Luis García Sanjuán, en el programada radial Conexión Goleadora.
“Creo que lo tendremos en libertad para la semana que viene. La fianza es muy baja y con los inmuebles que tiene aquí, una casa en Florida y dos apartamentos, se puede pagar.
Estamos hablando de una fianza de 2 millones de dólares”, declaró el profesional del derecho la semana anterior en el mencionado espacio.
Esquivel estuvo arrestado en Suiza durante nueve meses, acusado de cobrar comisiones por beneficiar a una empresa argentina en la entrega de derechos de televisión de varias ediciones de Copa América. Según la justicia estadounidense, habría recibido unos 3 millones de dólares por este asunto, una red en la que también supuestamente estaban involucrados otros exjerarcas de la Conmebol, todos bajo prisión o detenciones domiciliarias.
Esquivel, arrestado en mayo pasado antes de un congreso de la FIFA, enfrentaría una pena de 30 años, de acuerdo con versiones de la prensa estadounidense.
