Economía venezolana esta siendo literalmente devorada por una anarquía inflacionaria y no es con aumentos improvisados de salarios y segundos pagos de bonos de alimentación, para hacerle frente a ese grave problema monetaria, asegura el Consejo Nacional del Comerio y los Servicios, Consecomercio), al fijar posición en torno a la crisis económica que vive el país.
Para Consecomercio, ni autorizando modificaciones salariales diarias, los trabajadores podrán disponer de un ingreso que les garantice una confiable capacidad de compra para atender los requerimientos familiares.
Estima que de lo que hay que ocuparse, entonces, es de atacar las causas de la inflación, comenzando por aceptar que el origen de todo radica en una vigente errónea política monetaria, en el medio de un modelo económico que ha sido concebido y dirigido a partir de un desorden administrativo público.
Estado ineficiente
Expresa que este desorden está provocado por el empeño de, sin recursos y diseños productivos, mantener activado a un gigantesco Estado ineficiente, lleno de ministerios, de nóminas clientelares, y cuyo funcionamiento ahora debe ser financiado por una empobrecida sociedad, con devaluaciones y más impuestos.
En el caso de las empresas representadas por los organismos afiliados a Consecomercio, su peor problema es que no disponen de un confiable inventario de mercancías para seguir funcionando. Y que mientras sus modestos propietarios se debaten entre abrir o cerrar sus empresas, ahora les obligan a cargar con modificaciones salariales y bonos de alimentación convertidos en segundos salarios que no pueden financiar.
Advierten que en esas condiciones, los pequeños comercios no pueden cumplir con las unilaterales e improvisadas decisiones salariales que adopta el Ejecutivo, a la vez que éste se desentiende de su obligación, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, de evitar que la inflación siga incrementándose diariamente.
Consecomercio, sus organismos afiliados y el sector terciario en general, no cuestionan ni desaprueban el derecho de sus trabajadores a percibir un mayor ingreso salarial por el servicio que le prestan a las unidades comerciales y expendedoras de servicios.
Consecomercio ha dicho insistentemente que mientras se insista en mantener vigente los controles de cambio y de precios, la Ley de Precios Justos, y financiar el déficit fiscal y la recesión con dinero inorgánico, no es posible que la economía se recupere y pueda convertirse en la opción sustitutiva de eso que desde el propio Ejecutivo denominan rentismo petrolero.
¿Quién puede producir y cómo puede haber producción en un país en el que el Estado, antes que crear condiciones para que se produzca, insiste en impedir que funcionen las empresas que aún siguen abiertas, y no promueve alternativas para que se incrementen las inversiones privadas?
Adicionalmente, cuando en razón del mismo desorden administrativo público se trata de atribuirle a la caída de los ingresos petroleros la razón para, eventualmente, desconocer la obligación de honrar obligaciones financieras internacionales con cargo al sector privado, lo que se está haciendo es multiplicar el cierre de empresas privadas e incrementar el desempleo. Y decirle a los históricos suplidores internacionales de bienes de capital, insumos y materias primas que Venezuela no es un país confiable para hacer negocios.
Advierte que el default comercial planteado en los términos expuestos por el propio Gobierno, amplía el autoaislamiento económico que hoy distingue al país fuera de su frontera, desde que entró en vigencia el control de cambio. Y cierra deliberadamente otro ciclo antiempresarial, cuando, además, pretende que las empresas operen con base en un marco cambiario indefinido, aunque sí útil para justificar restricciones funcionales de las mismas.
