Aunque, aparentemente, las invasiones de inmuebles se han detenido, o al menos reducido últimamente, para los propietarios de algunos de los ocupados hace años en Barquisimeto la situación no ha variado nada pues sus propiedades continúan en poder de los ocupantes ilegales.
En la capital larense hubo una época en la que dueños de casas, edificios o terrernos, vivían en permanente zozobra ante la aparición de un movimiento que se identificaba como el FRIO, cuya única misión era la de reunir a grupos de personas de escasos recursos y convencerlos de tener supuestos derechos de invadir inmuebles en proceso de construcción o sin uso.
El Frente Revolucionario de Inquilinos y Ocupantes, como se identificaba, dirigido por Carlos Sivieres, cogió fama por la publicidad que generaba cada una de sus incursiones.
Pero antes de su aparición ya se habían registrado en la ciudad ocupaciones ilegales de edificios.
Una de ellas fue la del hotel Curumato, en la avenida 20, con calle 34, ocurrida en marzo del 2012, por parte de un grupo que se identificó como Residencia Renacer Bolivariano, uno de cuyos líderes era Giovanny Pérez.
Este mes se cumplen cuatro años de la toma y sus propietarios parece que han perdido las esperanzas de recuperar el hotel que durante mucho tiempo estuvo al servicio de los visitantes a la ciudad.
Incluso, la entonces prefecto de Iribarren, Marisol Vargas, declaró que el dueño del inmueble no lo tenía abandonado sino que estaba esperando un crédito para su remodelación.
Hoy, en el edificio se observa a simple vista un avanzado deterioro, salvo una oficina donde funciona una sede de la misión Ribas y un pequeño puesto de venta de celulares.
Cuando se produjo la ocupación había 21 familias pero actualmente se desconoce la cantidad pues eso se tiene como un secreto, de acuerdo a lo que dijo quien atendía el puesto de celulares.
Allí, como en los otros inmuebles en situación irregular, prefieren no hablar con los periodistas.
En este caso, el pequeño comerciante apenas pronunció un, “estamos esperando a ver que pasa; se siguen haciendo gestiones en Caracas; tenemos un proyecto; esperamos a ver que deciden en Caracas”.
Sin embargo, no aportó detalles sobre el organismo donde tienen el caso.
Mientras tanto, el o los propietarios del antiguo hotel Curumato, pensamos que también estarán esperando por algo que les devuelva lo que les pertenece.
Detrás de la UCLA
Otro de los edificios representativos de las consecuencias de la carencia de seguridad jurídica existente en Venezuela desde hace 18 años es el ubicado en la parte posterior del rectorado de la UCLA.
Se trata de una edificación de 12 pisos a la que, en el 2009, irrumpieron grupos familiares, supuestamente de las cercanas barriadas 23 de Enero y Cruz Blanca y de la lejana Las Sábilas, argumentaron necesitar techos donde vivir.
Pese a la carencia de puertas, ventanas y pisos, así como escaleras inconclusas, 184 adultos y 87 niños, ocuparon los 38 apartamentos que consideraron disponibles.
Allí hubo un episodio de violencia en diciembre del 2011 cuando, supuestamente contratados, llegaron en dos autobuses unos 40 guajiros procedentes del Zulia y por la fuerza los sacaron del inmueble argumentando que ellos también eran damnificados y no tenían donde vivir.
Pero los invasores no se quedaron tranquilos y les enfrentaron, registrándose intercambios de golpes y hasta incendios, haciéndose necesaria la intervención de la Guardia Nacional para que retornara la calma.
Los guajiros, que dijeron haber recibido cada uno 3 mil bolívares por “el trabajo”, abandonaron Barquisimeto, y desde entonces, los “invasores” se sintieron más dueños de lo que ya consideran su propiedad, aunque mantienen algunas medidas para evitar sorpresas desagradables como la vivida con los indígenas.
Los ocupantes prefieren no hablar con los periodistas y mantienen cerrada herméticamente la puerta de acceso a los pisos, mientras se espeeras algún pronunciamiento oficial de alguna autoridad que decida si esas familias pueden permanecer allí o si se les obliga a salir y devolver la construcción a sus dueños.
Carrera 19
Otro de los inmuebles ocupados por la fuerza en Barquisimeto está ubicado en la carrera 19 entre 13 y 14, parte alta del restaurant Mansión Oriental.
Pocas informaciones se tienen sobre la fecha en que los dospisos superiores fueron invadidos, supuestamente por personas procedentes de Las Sábilas, algo no confirmado.
De acuerdo a vecinos de la zona, en el lugar, aunque se encuentran familias humildes, verdaderamente carentes de viviendas, también habría sujetos de mal vivir que se amparan en ellas para protegerse de las autoridades.
Sin embargo, en más de una oportunidad se ha visto a comnisiones del CICPC llevando a cabo procedimientos a petición de vecinos que han denunciado el lugar como depósito de objetos hurtados en residencias o comercios de la zona.
El ingreso a los pisos por parte de quienes no pertenescan al grupo, sobre todo periodistas, resulta por demás imposible por lo que poca o ninguna información se puede obtener sobre el estado en que viven, los servicios de que disponen y si hay niños entre los invasores.
Tampoco en este caso se conoce la identidad del o los propietarios del anexo del edificio y el estado en que se encontrarían las gestiones para recuperarlo.
Avenida 20
La principal arteria comercial de la capital larense no sólo ha registrado la ocuipación ilegal del edificio del hotel Curumato, en la 34, sino también de otros, como el del antiguo Banco Construcción, al lado de lo que fue la sede del Banco de Maracaibo, hoy ocupado por un comercio.
Torre Casa Bera
La segunda ocupación ilegal de la torre Casa Bera, en la avenida 20, entre 27 y 28, en el año 2011, incrementó la alarma que se había prendido con otras invasiones ocurridas en la avenida Vargas.
Se trata de un edificio de oficinas y apartamentos residenciales, tomado durante la media noche, entre el 23 y 24 de mayo.
El mes anterior, abril, se había producido la primera por parte del llamado grupo FRIO, que ya imponía el terror ante los propietarios de inmuebles, amparados sus dirigentes en la impunidad.
En esa oportunidad fueron obligados a salir, pero, mujeres y hombres, instigados por quienes liderizaban ese movimiento, volvieron para tomar por la fuerza 30 oficinas y apartamentos con el pretexto de que “estaban abandonados y nosotros somos familias que los necesitamos por no tener donde vivir”.
Los propietarios de los locales que habían comprado o los estaban pagando con mucho esfuerzo, no se resignaron a perderlos por lo que recurrieron a los tribunales para hacer valer sus derechos vulnerados por un grupo de desconocidos.
Lograron que el 24 de junio del 2012, un año después, el Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de control, dictó una medida cautelar a favor de los propietarios, decisión dirigida a la 14 Brigada de Infantería para su ejecución.
