Una ley que pretende reconciliar a un país en completa polarización. Este viernes la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y la Universidad Fermín Toro prestaron sus espacios al debate de expertos sobre el contenido del proyecto de Ley de Amnistía, en fase de consulta pública por parte de la Asamblea Nacional y cuyo propósito es “liberar a los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro”.
Para tratar sobre este punto se encontraron en la UCLA el expresidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y coredactor del Código Orgánico Procesal Penal, Jorge Rosell; la expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa; la activista por los derechos humanos, Ursula Straka; y el diputado Luis Florido, quien también asistió a la UFT, junto con la directora de Justicia Venezolana, Lilia Camejo.
Los cinco expertos coincidieron en señalar que se trata de un proyecto de ley que persigue la reconciliación y paz nacional.
Analizar la forma y no el delito
Sobre las críticas de las cuales ha sido objeto a ley, el exmagistrado Rosell indicó que si bien es cierto que se refiere a delitos comunes como corrupción fraude y otros, es preciso analizar la manera cómo dichas personas fueron involucradas en el hecho.
Citó los casos de Nelson Mezerhane y Guillermo Zuloaga, involucrados en delito de usura a fin de que el Ejecutivo “tomara un medio de comunicación”. Dijo que se debe analizar no el delito imputado, sino la forma en que ellos fueron involucrados.
Rosell sostuvo que esta ley es necesaria debido a la poca credibilidad del Poder Judicial, el cual calificó como “mandadero” del poder Ejecutivo.
Es una institución constitucional
Sosa destacó que la amnistía es una institución constitucional, sustentada en los principios de verdad, igualdad, justicia y paz, valores fundamentales de la sociedad.
Refirió que este instrumento, más allá del tema político, es jurídicamente correcto, ya que si bien está vinculada a delitos políticos requiere de una extensión en la comprensión de la misma, ante la falta de justicia en el país, esencia de la crisis institucional actual.
Asimismo reflexionó que si esto ocurre con el poder Judicial, entonces la impunidad y arbitrariedad también pueden irradiar hacia otras instituciones.
AN ataca todos los frentes
Luis Florido expresó que Venezuela quiere amnistía y ello se comprobó con los votos del 6 de diciembre, ya que esta ley, junto al cambio, fueron las propuestas de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Sobre si la AN estaría dejando de lado este instrumento, reconoció que el país vive “una grave crisis política, social y económica”.
Manifestó que si la ley señala que la amnistía será aplicada para algunos delitos comunes, se refiere a aquellos presos políticos a los que se les han atribuido delitos como incendio y asociación para delinquir, como en el caso de Leopoldo López, a pesar de que se comprobó que no era responsable en los hechos.
En este sentido apuntó que la ley está en fase se consulta pública tras la primera discusión y será hasta después de Semana Santa cuando se presente la segunda discusión del instrumento, a fin de enviarla al Ejecutivo para su promulgación.
Recordó que el artículo 187, numeral 5, de la Constitución le atribuye a la AN la potestad de decretar amnistía.
Sobre qué es más importante para el país, si la ley de amnistía o resolver la problemática económica, Florido manifestó que todos los frentes son importantes y ninguno ha sido descuidado.
Instrumento judicial perseguidor
La abogada Lilia Camejo subrayó que con este instrumento no sólo se liberaría a Leopoldo López, sino también a otras 120 personas detenidas por persecución política y a los 4.376 venezolanos con medidas cautelares. Además, se garantizaría el regreso de los exiliados.
La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional es el primer paso para lograr la paz, la reconciliación y el perdón en el país, dijo.
“No debe haber presos políticos… No puede mal utilizarse el poder Judicial para perseguir a los que disienten de las políticas del país. No se puede seguir montando expedientes con los patriotas cooperantes”, manifestó Camejo.
-Esperamos que la asamblea apruebe esta ley y se le enviará al presidente, en cumplimiento de los canales regulares… De entorpecer el proceso o no cumplir con la ley, una vez aprobada, será la población venezolana quien exija, dentro de las opciones que da la constitución, la aprobación y promulgación de esta ley.
Camejo indicó que se trata de un clamor nacional y no sólo de la oposición. “También quienes en un momento fueron afectos al gobierno, sienten la necesidad de conformar un nuevo país”.
Subrayó que la amnistía no se debe entender como impunidad y que los casos que merezcan investigación, serán investigados.
Aproximación a la amnistía
Straka por su parte, realizó una aproximación al contenido de la Ley de Amnistía y refirió que esta extingue la responsabilidad de los autores, sin que posteriormente se reabra algún proceso legal. Se trataría entonces de “un nuevo comienzo para construir nuevas relaciones y la Venezuela que todos quieren”.
En este sentido, apuntó que la amnistía corresponde al poder de la AN, mientras que el indulto es propio del ejecutivo. La primera posee carácter general, mientras que la segunda carácter individual.
Destacó que la amnistía aplica dadas las características de un evento determinado, establecidos en la ley como instrumento para la aplicación de la misma.
Sin embargo, manifestó que el presente proyecto de ley debe comprenderse dentro del contexto político venezolano.
Straka acotó que en el país no existe separación de poderes, no hay certeza de justicia y la ley de amnistía es un medio para obtenerla.
Las familias también piden que se apruebe la ley
A la actividad de la UFT acudió Linda de Torres, esposa del Jimmy Torres, “preso político de Ramo Verde”, quien apoya la idea de que esta es una ley para la reconciliación, además de “una esperanza para obtener justicia en el caso de todos los que están condenados o presos sin haber cometido delito, sino porque pensaron distinto al régimen”.
Recordó que en el caso de su esposo este sólo tomó una fotografía a una manifestación, la cual le ha valido para una sentencia por cinco años de cárcel. Relató que Torres aceptó los cargos porque su familia fue amenazada.
“Es un régimen demasiado despótico”, indicó Linda de Torres, quien afirmó que la situación ha sido “sumamente traumática para su familia.
Exhortó a la población a buscar la reconciliación y luchar para que Venezuela sea un país unido y sin rencores.
“Que se acabe tanta injusticia y tanto maltrato por el simple hecho de pensar distinto y desear un país distinto”, manifestó.
