La colusión del Poder Ejecutivo con el Judicial y el Ciudadano para actuar políticamente de acuerdo con los dictados de Miraflores, contra las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, no sólo es una violación flagrante de la Carta Magna, sino también una clara disposición de instaurar un régimen al margen del Estado de Derecho. En síntesis, un gobierno de pensamiento único, tratando de preservar alguna imagen de legalidad.
La última sentencia del TSJ tiene como finalidad ocultar la brutal represión del gobierno cívico militar de Nicolás Maduro, y el rotundo fracaso en materia de desarrollo económico del país y del bienestar de los venezolanos. Y sobre todo favorecer la complicidad con funcionarios públicos, señalados internacionalmente, con vinculaciones con la corrupción y el narcotráfico, con las mafias organizadas del hampa que controla las cárceles, domina las calles y sobre todo los barrios más pobres donde asesinan a centenares de jóvenes en una semana, a miles en un mes y a un total de más de 250 mil en los 16 años de gobierno autoritario.
Algo tan evidente que la mayoría que creyó que Chávez iba a arreglar el país y votó por él en varias oportunidades, comienza a buscar otro rumbo democrático y de progreso para todos los venezolanos, porque los herederos han resultados peores. De allí los resultados de las elecciones del 6 de diciembre en las que la oposición obtuvo una mayoría calificada de 112 diputados y el madurismo bajó 2 millones de votos, y solamente 54 parlamentarios.
La primera manifestación de gobernar al margen de la Ley, fue la violación de la orden o del testamento del todavía Presidente de la República, Hugo Chávez, de que Nicolás Maduro terminara el período que se vencía el 10 de enero de 2013 y fuera escogido como su candidato en las elecciones que se realizarían de acuerdo a lo establecido en Constitución Nacional Bolivariana, con lo que se hizo evidente de hacia dónde nos conduciría la tendencia autoritaria que impuso el difunto Comandante en Jefe, desde su elección hasta diciembre de 2012, cuando apoyado o inspirado en esa política, los poderes Públicos se coludieron para que el Vicepresidente continuara en el poder usurpado.
Controlado el Poder Judicial por el Ejecutivo, los venezolanos no disponemos de una instancia nacional independiente para defender nuestros derechos constitucionales, desconocidos o violados por funcionarios públicos en complicidad con diferentes poderes para abusar de los límites legales de sus atribuciones.
Son varios los casos conocidos públicamente de ciudadanos que han apelado a todas las instancias legales del país y se han considerado burlados en sus derechos legales, y han tenido que acudir a organismos internacionales investidos de autoridad por Acuerdos y Convenios ratificados por Venezuela, para hacer valer sus derechos.
Nuestro país no solo retrocedió a etapas primitivas de gobernar sin sometimiento a las leyes nacionales e internacionales, sino a la voluntad personal del gobernante que asume ilegalmente todos los poderes del Estado, como en las antiguas monarquías o en algunos regímenes personalistas que se creen enviados por la Providencia o por mandato de una historia creada por ellos, incluso para traspasar dicho poder a sus descendientes.
Afortunadamente, una evidente mayoría de electores en el país está enrumbada hacia una lucha democrática, pacífica y electoral, según lo acordado por la Mesa de Unidad (MUD) coordinada por Jesús (Chúo) Torrealba como secretario ejecutivo. El triunfo de la Alternativa Democrática, puede y debe darle un vuelco a Venezuela, restaurar el sistema republicano de independencia de los Poderes Públicos, poner en funcionamiento las instituciones de una democracia moderna, aprobar una Ley de Amnistía para presos políticos y exiliados, y superar la crisis inflacionaria, el desabastecimiento, la inseguridad y las humillantes colas para tratar de conseguir algunos alimentos y medicinas.
