En la sesión ordinaria de este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó el acuerdo para rechazar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la cual se elimina la acción contralora del Parlamento. La bancada opositora solicitó que sea aplicada la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Dicho acuerdo fue propuesto por el diputado Omar Barboza, quien señaló que la referida sentencia pretende desconocer la voluntad popular.
«Esta estrategia tiene un objetivo macabro, que es garantizar la impunidad de quienes están incursos en casos de corrupción. Es una maniobra para utilizar al Poder Judicial como instrumento contra la voluntad popular e impedir que esta Asamblea Nacional ejerza sus atribuciones constitucionales», dijo Barboza al calificar lo ocurrido como un golpe a la soberanía popular.
Agregó que el acuerdo presentado tiene como objetivo defender los valores democráticos y no dejar dudas que la actual AN es el poder legitimado por la mayoría del pueblo. «Vamos a ejercer a plenitud todas nuestras atribuciones constitucionales», subrayó.
Podrían invocar el 350
Por su parte, el diputado Freddy Guevara, durante su intervención, afirmó que si el Ejecutivo sigue con su actitud de obstaculizar el cambio y sigue desconociendo la voluntad de los ciudadanos a través del TSJ, será el mismo pueblo el que desconozca, por medios constitucionales al gobierno. «Si siguen desconociendo al pueblo, el pueblo desconocerá al régimen a través del artículo 350 de la Constitución para frenar los atropellos del PSUV y restituir el orden democrático en Venezuela», apuntó.
Finalmente, anunció que la oposición convocará a la ciudadanía a manifestar en las calles para activar el cambio que requiere el país.
«Pronto la Unidad volverá a llamar al pueblo a las calles para promover una salida constitucional», indicó.
Una sentencia inválida
El debate fue cerrado por el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, quien explicó que la sentencia del TSJ no tiene la firma de los tres magistrados de la Sala Constitucional designados el pasado 23 de diciembre. «La sentencia es inválida, inexistente y no vinculante», sostuvo tras informar que la misma debería estar firmada por los siete magistrados que conforman dicho ente.
Además, citó el artículo 103 de la Ley del TSJ y mencionó que el máximo tribunal en su afán de aprobar la sentencia ignoró su propia normativa. «Con este tipo de decisión ya nadie cree en el país que pueda recurrir al sistema judicial en procura de sus procesos», precisó.
En este sentido, Ramos Allup ratificó que la Mesa de la Unidad debe buscar un mecanismo pacífico y constitucional para el adelanto de elecciones. «Vamos a activar los mecanismos a nuestro alcance, vamos a consultar con la gente que nos eligió, vamos a hacer parlamentarismo de calle, no para promover disturbios ni asonadas. Pero nadie nos puede prohibir, así como no se les puede prohibir a ustedes que defiendan a su gobierno, por patuleco que esté. Nadie nos puede criticar porque promovamos todas las soluciones que estén en la Constitución», culminó.
El acuerdo, aprobado en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, pide que sea aplicada la Carta Democrática Interamericana de la OEA
Aprobada ley de transparencia
En la plenaria de este martes fue aprobada, en primera discusión, el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, el cual fue presentado por el segundo vicepresidente de la AN, diputado José Simón Calzadilla. Durante su intervención, destacó la necesidad de aprobar dicho instrumento legal, a fin de contribuir a una mejor información oportuna de acuerdo a las normas establecidas.
