Habitantes de la urbanización Villa Granada, inmediata a La Mora, acudieron este miércoles ante la fiscalía del Ministerio Público para denunciar lo que consideran un atropello por parte de la empresa Corporación Alianza, dueña del hipermercado ubicado en la intercomunal Cabudare-La Piedad.
Lo hicieron en compañía del abogado y diputado a la Asamblea Nacional Guillermo Palacios, quien consideró lo ocurrido como un acto de terrorismo, un hecho criminal que debe ser sancionado por tratarse de un delito.
Como se recordará, hace unos días habitantes de varias de las 22 viviendas de Villa Granada denunciaron públicamente que la empresa señalada, sin tomar en cuenta que en el patio jugaban niños, comenzó a destruir las paredes construidas hace más de 9 años con el apoyo de los consejos comunales de la zona.
Los afectados ya denunciaron el caso en la alcaldía, prefectura de Palavecino y Defensoría del Pueblo, y este miércoles lo hicieron en el MP.
Palacios expresó que con la denuncia introducida se espera la apertura de una investigación penal porque se violentaron derechos consolidados por años, cuando los pequeños lotes ocupados por las familias estaban cubiertos por el monte, convertidos en guaridas de antisociales que los utilizaban para esconderse o planificar sus fechorías.
“De acuerdo a lo que informan los vecinos, la empresa responsable de ese atropello actuó a lo Juan Charrasqueado, dejándoles sin la protección que les brindan las paredes ahora destrozadas parcialmente”, expresó Palacios.
Uno de los jefes de familia de Villa Granada, por su parte, dijo que desde que la empresa del hipermercado les destruyó las paredes que les protegían, no pueden vivir tranquilos ante el temor de que en cualquier momento puedan ingresar delincuentes amparados por la oscuridad reinante en la parte posterior de la urbanización, obligándoles a una vigilancia especial.
Dijo que, afortunadamente, no han seguido tumbándoles las paredes, pero mantienen una política de hostigamiento, pasando una máquina por el lugar, como dando a entender que en cualquier momento terminarán de derrumbarlas.
Los afectados esperan que se obligue a la empresa a resarcirles los daños que han sufrido sus propiedades
