En un abierto choque de poderes, la Sala Constitucional del máximo tribunal dictaminó que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, “no está legitimada” para revisar, anular o revocar la designación de magistrados, y estableció que la revisión de los procesos anteriores de selección de los integrantes del Tribunal Supremo “sería evidentemente inconstitucional”.
El dictamen también impuso limitaciones al Legislativo para citar a los funcionarios, y determinó que pueden contestar “por escrito” las inquietudes de los congresistas.
“Esto no es una sorpresa”, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, diputado opositor Henry Ramos Allup, al referirse a la sentencia del Tribunal Supremo, y dijo que en los próximos días el legislativo dará una respuesta formal al dictamen.
Agregó que el oficialismo “utiliza” la justicia para “amputar las facultades del poder legislativo” y que “al aprobar este informe tendremos que ver cómo implementamos las recomendaciones” del informe en cuestión, materia que será discutida en las próximas sesiones del legislativo.
“Esta comisión no hizo más que constatar, recogiendo testimonios, examinando los tiempos, que no se observaron los extremos establecidos en la Constitución y leyes para designar magistrados”, comentó.
Añadió que “la magistrada (Carmen) Porras admitió que la obligaron a firmar esa carta y renunciar de manera anticipada porque el gobierno tenía la necesidad de controlar manera absoluta el TSJ”, en alusión a un audio presentado por diputados opositores donde la jueza relató que fue conminada a solicitar su jubilación por adelantado por supuestas órdenes del alto gobierno.
El jefe del parlamento advirtió al oficialismo que “estar dependiendo solamente, como elemento estabilizador de las decisiones del TSJ, muy mal debe andar el Gobierno”, ante problemas como la escasez y la inflación, medida en 180,9% en 2015 por el Banco Central.
Posición de Capriles
Por su parte, Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, llamó a la oposición a impulsar todos los mecanismos constitucionales para adelantar el cese del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El ex candidato presidencial inició el mes pasado una gira por el país para impulsar un proceso de revocatoria de mandato de Maduro que alcanzará en 2016 la mitad de su mandato de seis años.
