El arribo de policías sugiere que la venta en un mercado de Caracas está por culminar y hay que prevenir una descarga de ira de cientos de personas que hacen fila para abastecerse, una reacción que se multiplica en Venezuela a la par del deterioro económico.
Los agentes llegan a uno de los mercados de la red de abastos del gobierno Bicentenario, donde unas 900 personas hacen cola desde la madrugada, aunque solo hay pañales, papel higiénico y jabón.
«Cuando ya no hay nada, empieza a llegar la policía. Es señal de que se está acabando todo», cuenta Rosaura Guainet, un ama de casa de 35 años que vive en la barriada vecina de Petare y acompaña desde hace siete horas a una sobrina a quien le correspondía comprar por su número de cédula.
Hace una semana, cuando una multitud abarrotaba este lugar donde se expenden productos subsidiados, estalló un disturbio.
«Iban a quemar esta vaina, lanzaban botellas con gasolina. Había demasiada gente estresada, prendí mi moto y me fui. Uno está sobreviviendo a la delincuencia, a la escasez, y que te maten por dos paquetes de harina, ¡no!», relata Deivid Navas, un mensajero de 28 años mientras espera a su esposa, en fila desde hace horas.
También en Petare, una barriada de Caracas, vecinos bloquearon el pasado lunes una autopista para reclamar por la falta de agua, que a Rosaura no le llega hace tres meses.
Tensión en aumento
Entre el 1 de enero y el 12 de febrero, la organización no gubernamental (ONG) Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 757 protestas y 32 saqueos o intentos de saqueo.
Reclamos laborales, cortes de agua y luz, y escasez de alimentos fueron los motivos, según la ONG, en este país sumido en una grave crisis con inflación de 180% en 2015 y desabastecimiento de dos tercios de los productos básicos.
«En las dos últimas semanas ha habido un aumento de las acciones de protesta, destacando por su gravedad los intentos de saqueo. Progresivamente se agudiza la tensión social», sostiene Marco Ponce, coordinador del Observatorio.
Un saqueo en un depósito de alimentos del gobierno el 18 de febrero en la localidad de Angostura (este) terminó con el arresto de una concejal opositora, acusada de instigarlo.
Las manifestaciones, asegura Ponce, se han extendido a «localidades donde meses atrás no se veían», una tendencia que viene de 2015 cuando la ONG documentó 5.851 pequeñas protestas.
Mientras los reclamos en 2014 fueron principalmente por razones políticas -para exigir la renuncia del presidente socialista Nicolás Maduro-, desde 2015 la motivación económica crece.
«La crisis viene incidiendo de manera considerable en el aumento de la conflictividad porque no se le responde a la gente», afirma Ponce.
«Hay que comer lo que haya»
Una encuesta reciente de la firma Venebarómetro reveló que a ocho de cada diez venezolanos no les alcanza el dinero para comprar alimentos o medicinas.
En tanto, 68% reportó que las colas han aumentado, y solo 29% recibe el servicio de agua permanentemente.
«Si antes nos comíamos medio pollo, hoy es un cuarto. Tengo que reducirlo para que alcance», afirma Rosaura junto a su hijo de cuatro años. «Hay que comer lo que haya», refiere Deivid.
Según el Banco Central, en 2015 los alimentos subieron 315%, mientras que estimaciones privadas señalan que una familia promedio requiere 11,1 salarios mínimos para cubrir la cesta básica.
El desabastecimiento se ha agravado por una merma de 70% en los ingresos del petróleo, generador de 96% de las divisas en este país dependiente de las importaciones, donde el gobierno monopoliza los dólares y ejerce un férreo control de precios.
En paralelo ha florecido un mercado negro que se surte de productos subsidiados para ser revendidos hasta 25% más caros, alentando la escasez y la inflación.
«Abastos Bicentenario se pudrió», admitió Maduro, quien emprendió una ofensiva contra funcionarios corruptos de esos supermercados.
El presidente, que atribuye la crisis a una «guerra económica» de opositores para derrocarlo, también puso en marcha un plan de impulso a la producción proclamando el fin del «rentismo petrolero».
Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, asegura que las protestas aumentan pese a que la fuerza pública está autorizada a usar sus armas para contenerlas y a las penas de cárcel previstas para acciones como cierre de vías.
El gobierno ha optado por «la represión muy violenta» para infundir temor, advierte.
Mientras espera a su sobrina, con una mezcla de rabia y desconsuelo, Rosaura afirma que «la gente no aguanta más humillación».
