Representantes y personal directivo del Colegio Nueva Segovia expusieron este viernes, ante el Consejo Legislativo del estado Lara, que los 750 alumnos que hacen vida en la institución podrían quedar en el aire por el posible cierre del recinto educativo.
La representante Jessica Giménez explicó que desde hace tres años la Congregación María Santísima, dueña de la sede, tiene intenciones de vender el inmueble.
“Se ha venido discutiendo la venta de la sede del colegio y se manejaron varias opciones de compra a lo largo de estos tres años. Se han estipulado varios precios y en todo momento han sido impagables por la directiva. En diciembre de 2015 se pronunció la vocera de la congregación, quien manifestó el precio de la venta de manera verbal”.
El precio desdibujó todas las propuestas que plantearon los representantes, quienes pensaron en conformar una personalidad jurídica que permitiera efectuar la compra.
“Al saber el precio por parte de la abogada, de un millón de dólares, vimos lejana cualquier posibilidad de compra, primeramente porque se trata de una moneda que no es la nuestra y en caso de poseer los fondos es una moneda fluctuante. Cada vez se incrementa más y más. La realidad es que no contamos con los recursos”.
Como no pueden comprar la sede del colegio tienen una prórroga legal para entregar el inmueble.
“La congregación a través de su abogada debió hacer el comunicado desde la Dirección de Inquilinato y no manejarlo como algo privado”.
Recientemente cuatro representantes del Comité Pro Sede se reunieron con la congregación y la respuesta fue que el acuerdo de arrendamiento era con la directiva y no con los representantes.
“La congregación no puede desconocer el derecho a la educación de esos 750 menores de edad, sin embargo, no desconocemos los derechos de la congregación y le apostamos a las negociaciones para solucionar esta situación en aras de evitar cualquier confrontación, tampoco queremos apoderarnos de algo que no es nuestro. Solo queremos una solución en la cual se respete el derecho de la congregación sobre la propiedad privada y el derecho a la educación de nuestros hijos”.
Destacó que no se trata de un inmueble alquilado para una ferretería o taller mecánico.
“Se trata de personas. La directiva está consciente de su responsabilidad como arrendatarios pero al mismo tiempo, saben de su deber por la razón social que representan. No es un matrícula insignificante”.
Se trata de 750 menores que no pueden reubicarse fácilmente, ni en instituciones públicas, ni en privadas.
Giménez precisó que la prórroga vence en noviembre de este año.
“No tendría sentido comenzar un año escolar para estar un mes en clases, por eso se habla de julio 2016, cuando culmina el año escolar”. El año pasado, por esta situación, el colegio no abrió inscripciones el año pasado.
“Como consecuencia los estudiantes viven en zozobra y padecen ciertos niveles de ansiedad, al igual que todo los representantes y la directiva del colegio. Muchos temen lo que pueda suceder”.
