En opinión del diputado Filiberto Peña Canelón, del Consejo Legislativo de Lara, el Encuentro Nacional de Desarrollo Productivo o de empresas “recuperadas”, anunciado por el presidente Nicolás Maduro, no es más que otro show de circo con el mismo payaso.
Se refería al evento en el que participarían unas 700 empresas “recuperadas” por el Ejecutivo nacional, cuya primera fase se realizará a partir de este lunes en el Zulia.
De acuerdo a la información, allí se analizaría el estado de cada una de ellas para tomar acciones con respecto a aquellas que no están rindiendo los beneficios esperados y hacerlas productivas.
Pero el parlamentario regional no le ve ninguna buena perspectiva a esas reuniones pues “todas las empresas expropiadas están quebradas”.
Puso como ejemplo las que fueron tomadas por el gobierno en Lara, cuya cantidad la calculó en 300, entre las que figuran, Agroisleña, Central azucarero Pío Tamayo, de El Tocuyo, automercado Éxito (Bicentenario), Sidetur y otras.
Dijo que todos los casos los trabajadores de esas empresas fueron víctimas de un engaño por parte del Gobierno Nacional pues les hicieron creer que serían propietarios de las mismas, con créditos y todo tipo de ayuda, pero no les cumplieron nada y ahora se endcuentrrn desesperados por no encontrar la forma de llevar el sustento a sus familias.
El caso de Agroisleña, ahora llamada Agropatria, ha sido denunciado también por productores agrícolas de la zona pues ahora no consiguen ninguno de los productos necesarios para las siembras, mientras que antes, cuando era Agroisleña, contaban con mucho apoyo.
“Sólo hay que darse un paseo por las zonas industriales de Barquisimeto para ver la gran cantidad de galpones de empresas cerradas, lo que, como es lógico pensar, ha dejado como consecuencia mayor desempleo y carencia de la producción que tanto necesita el país.
“Ese encuentro sólo va a confirmar lo que hemos denido denunciando, que todas las empresas expropiadas están quebradas, sin rendir ningún beneficio.
Considera necesario que el gobierno regrese a sus dueños originales las compañías expropiadas cuando estaban rindiendo beneficios, para que el país pueda recuperar su rol productivo que se perdió con esos procedimierntos.
Por otra parte, exigió el cese de las tomas por parte de la Guardia Nacional y de otros organismos represivos de algunas empresas locales, como la Procter and Gamble y Sunagro, cuya producción y distribución permanecen custodiadas, obstaculizando su normal funcionamiento.
