Desde hace tiempo, una de las propuestas de la Mesa de la Unidad Democrática en caso de alcanzar mayoría en el poder Legislativo, era entregar la propiedad de los inmuebles de la Gran Misión Vivienda Venezuela a sus beneficiarios
El poder Ejecutivo se ha mostrado en desacuerdo con la iniciativa, y parece que es por algo más que el viejo mal de la política de contradecir al opositor por el simple hecho de serlo.
En principio, el alegato de la bancada democrática es que los habitantes de la Misión Vivienda son pisatarios, a quienes hay que convertir en propietarios. Es decir, los adjudicados tienen el uso y disfrute de esas unidades habitacionales, pero no les pertenecen por ley. Consideramos, al igual que la mayoría de los venezolanos, que esta es una grave omisión que tiene que ser corregida.
Por otro lado, se desprenden inconsistencias numéricas que la bancada mayoritaria pretende investigar, lo cual es sin duda un paso ineludible para proceder a la entrega de la titularidad de las viviendas.
Se asegura que el nuevo marco legislativo dejaría desprotegidos a los adjudicados cuando la intención es exactamente la contraria: blindarlos contra los vaivenes que puedan atentar contra su seguridad respecto a su techo.
¿Se utiliza esta figura vaga y nebulosa de la actualidad para chantajear a los beneficiados de la GMVV? A los hechos nos remitimos. El primer mandatario nacional amenazó con no construir 500.000 nuevas viviendas ya previstas, debido a que la mayoría del pueblo no había apoyado su opción política en las elecciones del seis de diciembre.
Y la satanización de la iniciativa continúa, afirmándose ahora que se quiere “privatizar” a la Misión Vivienda. Ese adjetivo es reiteradamente utilizado por voceros oficialistas como sinónimo de todo el mal posible; cuando resulta que la propiedad es un derecho universal e inalienable del ser humano, contenido, por su fuera poco, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Otro de los retruécanos utilizados por la vocería de la tolda roja, es afirmar que la nueva condición legal de esos hogares dispararía la inflación en el sector inmobiliario, cuando es exactamente lo contrario: el saneamiento y la sinceración de la condición legal de estos venezolanos y sus techos, contribuiría a bajar la presión en un mercado de viviendas exhausto por la escasa oferta proveniente del sector particular, debido a la enorme dificultad para encontrar insumos de construcción.
Suscribimos pues, la afirmación de que cada persona debe ser dueña de la vivienda que lo cobija, para que así se vean motivados y se sientan seguros al cuidarla y mejorarla; para que le puedan dejar una herencia a sus hijos y para que el sentido de propiedad haga crecer a los ciudadanos beneficiados con un patrimonio sólido, circunstancia necesaria para una calidad de vida realmente digna. Como han dicho los voceros unitarios, que la familia tenga derecho pleno sin adjetivos, ni apellidos. La propiedad con limitaciones, no es propiedad.
