En 17 años que lleva este autoritario régimen, el primero de los cinco poderes en los cuales está dividido nuestro Estado dejó de ser subalterno, y recobró la autonomía que ordena la Carta Magna. El actual tribunal supremo de justicia (tsj), en minúsculas, hace gala de su dependencia militar e invoca la doctrina del capitán Pedro Carreño dictada en 2004: “En el grupo de los postulados no hay nadie que vaya a actuar contra nosotros, el presidente Hugo Chávez no abriría espacio alguno para la oposición en el seno del tsj: no nos vamos a meter un autogol”.
El entonces diputado Nicolás Maduro (NM), declaró que sus magistrados “¡Son la cabeza de la revolución judicial que sustenta el Estado que apenas estamos construyendo!”
Todo sucedió cuando se ampliaba el número de magistrados de 20 a 32 y se designaban 32 nuevos suplentes. Para el presidente del organismo que de supremo pasaba a ser subalterno, Omar Mora, se aplicaba una “justicia revolucionaria”.
La mencionada ampliación se produjo por la decisión en Sala Plena de no encontrara méritos para enjuiciar a los militares acusados de rebelión durante los hechos de abril de 2002. En esa ocasión el Alto Mando Militar le solicitó al teniente coronel presidente la renuncia de su cargo, “la cual aceptó”.
A trece de los magistrados enchufados en ese 2004 el tsj aprobó en 2015 jubilación anticipada, cuando el privilegiado beneficio les correspondía en diciembre de 2016.
Esta deplorable situación de emergencia a la cual el desgobierno ha sometido a nuestra Patria, pusilánime es el comportamiento del resto de los Poderes Públicos, ante la firme posición del primero de ellos, el Parlamento, de rescatar la Democracia. De acuerdo a la Constitución, la República se fundamenta en la doctrina del Libertador.
Contaba apenas veinte años de edad Simón Bolívar cuando al enfrentar un pleito contra un Teniente de Justicia Mayor escribió:
“Así es como abusan de la autoridad aquellos hombres que careciendo de todo tino y toda constancia de ánimo que requiere que requiere el delicado ejercicio de la administración de justicia, se ven investidos de algunas facultados contenciosas por limitadas que ellas sean…”.
Esta Fuerza Armada que se dice Bolivariana, debe recordar que el Libertador manifestó en San Mateo el 24 de marzo de 1814: “El Dios de los Ejércitos concede siempre la victoria a los que combaten por la justicia; y jamás protege largo tiempo a los opresores de la humanidad”.
En 1815, en su discurso de instalación del Gobierno de la Nueva Granada dijo: “La justicia es la reina de las virtudes republicanas, y con ellas se sostienen la igualdad y la libertad”
La Carta Magna que nos rige tuvo motivación en el Congreso de Angostura, en cuyo histórico discurso Bolívar afirmó: “El ejercicio de la Justicia es el ejercicio de la Libertad”
A comienzos del siguiente año (1820) expresó: “Hagamos triunfar la justicia y triunfará la libertad”.
No falta en sus discursos la defensa de la Justicia. En apoyo de la Constitución de Cúcuta, expresó “La soberanía del pueblo no es ilimitada, porque la justicia es su base y la utilidad perfecta le pone término”.
Sin distraer la atención sobre la salida democrática que el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, propone en enmienda constitucional, sostenemos que así como nuestro parlamento es el Primer Poder Público, la Justicia según la doctrina bolivariana es la primera necesidad del Estado. Y como dicho parlamentario la designa, debe declararla en emergencia, tal lo ha hecho con otros problemas que causan crisis.
Al margen: Memoria histórica política debe aplicar la mayoría del parlamento, para responder a las acusaciones de crímenes que el régimen endosa a la oposición.