Caracas, 18 de febrero.- Un programa económico consensuado entre los sectores productivos, la Asamblea Nacional (AN) y el Gobierno, que contenga planteamientos a corto, mediano y largo plazo, a cargo de la Comisión permanente de Finanzas de la cámara, fue la propuesta que realizó el diputado José Guerra, en la sesión ordinaria de este jueves.
Explicó que las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro el pasado miércoles están orientadas a resolver la crisis fiscal del gobierno y agravar la situación de los ciudadanos, por tal motivo, desde la AN están obligados a brindar las soluciones.
Entre las prioridades que indicó están, un plan de industrialización y sectorial, una nueva política monetaria y un BCV que proteja el salario de los trabajadores, para perseguir la equidad social.
«Quién va a pagar la gasolina, quien va a pagar la devaluación, el venezolano. Es una medida orientada a afectar el bolsillo y la cartera de los venezolanos. Lo que uno cuestiona de las medidas, es que el modelo que trajo la crisis, está intacto».
Destacó que después de tres meses, el BCV, informó sobre los índices inflacionarios; para el 2015, se registró 181% y en el sector alimenticio un 315% de inflación.
«Si comparamos los aumentos de salarios con la tasa de inflación, para poder saber si el trabajador resultó beneficiado, nos encontramos que los salarios aumentaron 96% y la inflación 181%, en otras palabras, la inflación duplicó y lo que estamos viendo es la caída del poder adquisitivo», detalló.
¿Cuál crisis, cuál crisis?
Por su parte, el parlamentario oficialista Ricardo Sanguino, destacó que desde el Ejecutivo se definieron 14 motores de producción, que principalmente buscan impulsar la agroalimentación.
«La situación que se está viviendo no se vivió durante los 17 años, se está viviendo a partir de la guerra económica en la cual ustedes (la oposición) están participando», aseveró.
«¿Cuál crisis, cuál crisis?», preguntó en reiteradas ocasiones el parlamentario.
Advirtió que a la bancada de la oposición «le duele que la revolución esté acabando con la pobreza extrema».
Acuerdo de Ginebra
En la segunda orden del día, se aprobó por unanimidad un acuerdo con motivo al aniversario número 50 de la Firma del Acuerdo de Ginebra, en Suiza, para reafirmar la convicción en la defensa de los derechos de Venezuela y convertir el plan de defensa en una política de Estado.
William Dávila, diputado por la unidad, fue el responsable de presentar el documento, donde se plantea además, exhortar a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a cumplir con el deber de proteger el territorio en reclamación; exigirle al presidente de la República de Guyana, que se abstenga de realizar cualquier tipo de actividad económica sobre el Esequibo y finalmente que el Poder Ejecutivo, continúe con la campaña de profundización para que todos los venezolanos conozcan detalles sobre este acuerdo y la situación en general.
Crisis eléctrica
Posteriormente, se inició un debate acerca de la crisis eléctrica, donde el diputado y primer vicepresidente de la AN, Enrique Márquez, indicó que se trata de un problema que requiere seriedad y una solución pronta.
Apuntó que no se trata de sabotajes, ni de coincidencias, sino de un modelo que ha fracasado en el aspecto institucional, refiriéndose a la Corporación Eléctrica (Corpoelec), pues a su juicio, cuenta con una gerencia equivocada que se caracteriza por la ineficiencia. «Corpoelec es un gigante, sordo y mudo, que no le dice nada a este país», añadió.
Destacó que la falta de planificación y la centralización, ha llevado a una empresa quebrada y paralizada. En ese sentido propuso la creación de una comisión mixta que se avoque a atender la crisis que tanto aqueja a los ciudadanos.
Sumado a esto, planteó que el ministro de Energía Eléctrica comparezca ante la AN y presente un informe sobre la situación administrativa, laboral y financiera, y un plan de ahorro energético que en teoría debería estarse desarrollando.
En lo que se refiere a la comisión, pidió iniciar una investigación sobre los recursos invertidos, los gastos y las obras ejecutadas entre el 2009 y 2015; simultáneamente solicitó una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Eléctrico para garantizar un servicio adecuado y eficiente a todos los venezolanos.
