Los autoridades de las universidades nacionales agrupados en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) rechazaron el decreto nº 2.198, publicado en Gaceta Oficial nº 40.836 del 26 de enero de 2016, mediante el cual el gobierno nacional crea el Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas que rige a todos los órganos y demás entes de la Administración Pública.
La negativa obedece a que consideran que hay una intención de que las universidades entreguen su autonomía financiera, al tiempo que viola normas legales y constitucionales relativas al principio de autonomía universitaria previsto en la Constitución Nacional y en la Ley de Universidades.
En este sentido, el rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, doctor Raúl López Sayago, indicó que para la Averu el hecho de que hasta el momento el Ejecutivo no haya cumplido con el cronograma de desembolsos para gastos de funcionamiento, gastos de personal y ha solicitado a las universidades información acerca de sus necesidades en cuanto a bienes y servicios, constituyen indicios de que la intención no es ofertarle esos bienes a las casas de estudio sino que el gobierno directamente hará las compras y luego lo descargará del presupuesto de cada universidad.
“Las autoridades universitarias tenemos la responsabilidad, con base a la autonomía reglamentaria y financiera, de administrar el patrimonio y los recursos otorgados mediante el presupuesto. No cumplir con ese mandato presupuestario sería de alguna manera entregar la autonomía financiera que la universidad tiene. Una vez que se le asigna la cuota presupuestaria a cada universidad, sea deficiente o suficiente, ésta se lleva a un Consejo Universitario para hacer la distribución correspondiente. Una vez que eso se aprueba se convierte en Ley y los responsables de su administración son las autoridades de la universidad a través de los entes operativos que tiene”, explicó.
Reiteró que la Ley de Universidades y su Reglamento establecen la autonomía económica y financiera de las universidades para organizar y administrar su patrimonio.
«El artículo 109 de la carta Magna indica que las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”, dijo.
Finalmente la autoridad upelista manifestó que Averu iniciará acciones legales para exigir la nulidad del decreto 2.198, porque violenta las competencias de las universidades.
