La posición que ha asumido la Sala Constitucional del TSJ con lo aprobado o rechazado por la Asamblea Nacional, como ocurrió con el Decreto de emergencia económica, ha dejado en claro quién tiene la última palabra en el país y hacia dónde se inclina.
A raíz de este tipo de acciones, unidas a las palabras del presidente de la Asamblea Nacional en su toma de posesión el 5 de enero, en el sentido de que se iba a buscar una salida rápida, constitucional y pacífica a la crisis que está viviendo el país, al abogado Jesús Jiménez Peraza comenzó a estudiar todas las posibilidades dentro de la Constitución.
Notó que la más directa sería la de un referendo revocatorio, pero al ver las trabas que se dieron al realizado en el año 2004, por parte del CNE y la propia Sala Constitucional del TSJ, consideró que la vía más segura está en una enmienda constitucional. Sin embargo no estaría dirigida exclusivamente contra el Presidente de la República, sino también a la Sala Constitucional y en general para el Poder Judicial.
Aclaró que la acción busca el cambio de uno o varios artículos de la Constitución sin modificar la estructura constitucional.
El ex juez propone que se cambie la conformación del Tribunal Supremo de Justicia siguiendo modelos que ya existen en el mundo: se separa la Sala constitucional y habría que designar un nuevo Tribunal Constitucional que en este caso sería una especia de guardián. “Es decir, tendríamos nuevos magistrados en esa Sala Constitucional, la cual deja de operar en el momento mismo en que sea aprobada la enmienda, que podría ser en un tiempo de 30 días o máximo tres meses”.
Expresa que se trataría de un nuevo modelo ya que el Presidente continuaría en el ejercicio del cargo, pero sin el respaldo de lo que Jiménez Pereza denominó “el sostén del Gobierno”, que hasta ahora ha sido la Sala Constitucional, la cual a su juicio ha tomado una serie de decisiones realmente inconstitucionales, contrarias a derecho como el caso del Decreto de Emergencia Económica.
Esta propuesta fue presentada ayer ante la Red de Instituciones Larenses, en la que sus integrantes debatieron sobre si realmente con dicha acción se lograría alcanzar las soluciones del problema del país y si una vez más el Ejecutivo nacional no encontraría los mecanismos para invalidar una enmienda constitucional.
Jiménez Pereza explicó que entre las alternativas de “salida” que se han estado planteando desde las diferentes organizaciones políticas o sociales, la enmienda constitucional es la que tiene menos riesgos. Es una ley que la hace el parlamento pero se somete a referendo para que los ciudadanos opinen a través del voto.
Afirma que el resto de las medidas también son posibles, pero el tiempo de ejecución es más largo. “He escuchado de hacer dos al mismo tiempo; sin embargo una enmienda no puede ir conjuntamente con un revocatorio porque eso implicaría el cambio de artículos de la Constitución, mientras el revocatorio es sin modificar la Constitución”.
Irrespeto
En el encuentro también estuvo presente el abogado constitucionalista Joel Rodríguez, quien ve positivo que existan alternativas que busquen no sólo la salida de un gobierno de turno, sino el rescate de las instituciones públicas, que tanto requiere el país para que funcione correctamente, “algo que se dejó de ver hace muchos años”.
Considera necesario lograr equilibrio democrático, sensatez de los poderes, que tengan independencia, pero a que la vez se puedan entender entre ellos, “ya que hoy en día en Venezuela se vive un enfrentamiento entre el Legislativo y el Judicial unido con el Ejecutivo, lo que es bien vergonzoso porque el Judicial no está para plegarse a ningún poder y menos a un gobierno”.
En opinión de Rodríguez, existe una angustia en los ciudadanos al ver que la nueva Asamblea Nacional ha podido hacer muy poco porque la Sala Constitucional se ha convertido en un muro, bajo el argumento de que las decisiones del parlamento no están bajo la ley. “Yo pienso que es al revés que es la sala constitucional que está haciendo todo fuera de la Constitución”
El especialista se pregunta si se podrá lograr una enmienda con un Consejo Nacional Electoral como el actual, que podría no convocar, y un Poder Ejecutivo que no lo acepte.
Entre las alternativas que señala como viable está la de lograr un movimiento social grande que incluya a todos los sectores del país: empresarios, estudiantes, amas de casa, quienes, cansados de la situación del país y ante la falta de políticas gubernamentales efectivas, soliciten la renuncia del presidente Nicolás Maduro de la manera más pacífica.
Un debate
En el encuentro de ayer la Red de Instituciones Larenses aprobó que la propuesta de enmienda constitucional sea discutida entre autoridades gubernamentales, parlamentarios e incluso representantes universitarios.
Asamblea Nacional, coautor del decreto
Sobre el Decreto de Emergencia Económica, Jesús Jiménez Peraza explicó que la Sala Constitucional abrió un procedimiento de oficio contra el artículo 33 de la Ley de emergencia económica, que le permitiría anular cualquier otro decreto aun cuando no cuente con la aprobación de la Asamblea Nacional. “Están dejando sin funciones propias al parlamento”.
“La Asamblea tenía cinco días para desaprobar el decreto que había sido aprobado por el Ejecutivo. El artículo 27 de la ley de emergencia económica habla de ese lapso para que se haga un pronunciamiento. Yo pienso que la Asamblea es coautor de ese decreto, de manera que la Sala Constitucional ha debido desaplicar el artículo 27, e incluso es tan coautor que en cualquier momento puede decidir que no se siga aplicando el decreto porque hayan cesado los efectos que le dieron vida”.
Emergencia en el sistema judicial
El presidente del Colegio de Abogados del estado Lara, Enrique Romero, durante su intervención analizó la crisis del sistema judicial, afirmando que los abusos que se ven hoy en día son el resultado de no haberse atendido el problema en el momento oportuno, cuando se comenzó a constatar que no estaba funcionando de manera correcta.
Califica como “vergonzoso” al Poder Judicial del país, que ha caído en grandes excesos, violando sus propias normativas y razón de ser.
Romero sostiene que el problema no se solventará sólo con una reforma a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia. Se requieren cambios más profundos, desde los tribunales, fiscalías, abogados e incluso desde la formación en las universidades.
“Es necesario abordar de inmediato la emergencia en el sistema judicial”.
