Según informaciones desprendidas de las redes sociales, los trabajadores de Alimentos Polar están en alerta máxima ante los rumores de una posible intervención por parte del Gobierno nacional.
Las alarmas se encendieron luego que el periodista Nelson Bocaranda anunciara, este sábado en la noche, a través de su cuenta en la red social Twitter que, el Ejecutivo Nacional había decidido intervenir las empresas Polar y detener a su principal accionista Lorenzo Mendoza.
Wilmer Hurtado, representante sindical en Anzoátegui, había advertido sobre tal posibilidad. “Hemos sostenido varias reuniones en las que ha quedado claro que si el gobierno nacional intenta intervenir alguna de las empresas, todos los empleados saldrán en su defensa», aseveró.
De igual forma, el director de Datanálisis, Luis Vicente León, ha señalado que una acción contra la Polar tendría un costo político muy elevado para Nicolás Maduro.
«Si el Estado quisiera expropiar una empresa, lo puede hacer sin ese Decreto de Emergencia», dijo.
Al respecto, una encuesta publicada a principios de este mes por el presidente de Datanálisis, en su cuenta en la red social Twitter arrojó los siguientes resultados:
92% de la población evalúa positivamente la gestión de Empresas Polar por el bienestar del país, ubicándose ésta en el primer lugar institucional de Venezuela.
85% rechaza cualquier intervención y expropiación por parte del gobierno.
Ante la posibilidad de que el gobierno tome control sobre la producción y la distribución de Empresas Polar, el 74% consideró que empeorará el abastecimiento de alimentos, el 72% cree que disminuiría la calidad de los alimentos, el 68% asegura que desmejoraría la calidad de vida de los empleados y de la población y el 65% sostiene que se desmejoraría el apoyo de la empresa a las comunidades.
77% de los entrevistados indicó que cualquier acción en contra de la Polar desmejoraría aún más la evaluación de gestión del presidente Maduro.
79% reduciría su nivel de confianza en el presidente, de aplicar esta acción. 81% de la población encuestada indicó que esta acción «no deseada por la mayoría» impactaría negativamente la situación económica del país.
