El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró la vigencia del decreto de emergencia económica del presidente Nicolás Maduro.
El dictamen se produjo casi tres semanas después que la Asamblea Nacional lo rechazó.
José Vicente Haro, uno de los más expertos constitucionalistas del país, expresó que esta decisión de la Sala Constitucional viola la propia Carta Magna en sus articulados 339, 112 y 115.
“El TSJ acaba de dictar un golpe de estado contra la AN”, escribió en su cuenta twitter el abogado constitucionalista.
Explica Haro que la Sala Constitucional “no está por encima de la Constitución y no puede torcer ni mal interpretar normas constitucionales por instrucciones políticas”.
El Tribunal indicó que el “Decreto atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado’”.
Maduro ratificó
“Tengo en vigencia el decreto de emergencia, así que activaré un conjunto de medidas en los próximos días que ya venía trabajando” junto a los ministros.
Hasta ahora, Maduro ha propuesto el incremento de los controles en la economía, el aumento de la recaudación de impuestos y ha asomado la posibilidad de elevar el precio de la gasolina, que se vende en cerca de un centavo de dólar el litro y es la más barata del mundo.
El Tribunal Supremo emitió el comunicado en su página de internet.
“La Sala Constitucional constató que se verifican los extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decretadas, y que el decreto resguarda y no implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser limitadas por expreso mandato constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto” en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, señaló el dictamen del Tribunal.
El dictamen podría abrirle el camino a Maduro para llevar adelante la nueva regulación que le da facultades por 60 días para disponer recursos especiales para atender los gastos fiscales, establecer límites máximos de ingresos y egresos de moneda venezolana en efectivo y lograr el acceso a los medios de transporte y almacenes privados, entre otras medidas.
