Durante la sesión ordinaria de este jueves en la Asamblea Nacional, se aprobó en primera discusión por unanimidad, la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para pensionados y jubilados.
El diputado a cargo de la presentación fue Miguel Pizarro, quien aseguró que esta propuesta corresponde a un acto de justicia social , porque los adultos mayores luego de trabajar por tantos años para lograr un mejor futuro, se merecen todos los beneficios sin distingos políticos.
«Nuestros abuelos viven en un círculo vicioso que no merecen. Si usan su pensión para comprar su alimentos, deben pasar todo el mes rezando para no enfermarse, porque no le va a alcanzar para sus medicinas» aseveró.
Agradeció al alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, quien introdujo un primer proyecto de ley cuando se desempeñaba como diputado y al presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, que también fue partícipe de esta iniciativa que pronto será palpable.
Pizarro aclaró que la ley no resuelve todas las precariedades que viven estas personas, pero es una herramienta para poder derrotar el denominado círculo vicioso y combatir la crisis.
Al final de su intervención, indicó que el país que merecen todos los venezolanos, es uno donde los parlamentarios procuren el interés colectivo, y de ello sientan orgullo todos los ciudadanos, desde los más jóvenes hasta los más adultos.
Por su parte, el diputado por la bancada del oficialismo, Víctor Clark, detalló que de cada 100 personas en edad de pensión, 84 reciben el beneficio, lo que constituye una de las cifras más altas de América Latina y en ese sentido, continuarán haciendo esfuerzos para que el pueblo no se afecte ante una situación difícil.
Agregó que no se verán condicionados por la oposición, porque están comprometidas con los abuelos, que tienen el derecho de recibir una seguridad social que eleve su calidad de vida, tal como lo estipula el artículo 80 de la Constitución.
El siguiente derecho de palabra correspondió al diputado por la MUD, Arnoldo Benítez, quien según explicó, al menos 727 mil personas no cuentan con una pensión que les permita cubrir dignamente sus necesidades y allí radica el motivo de su lucha.
«Nosotros con una pensión írrita de 9 mil 600 bolívares, o comemos o compramos pastillas, y si lo hacemos, no podemos comprar un zapato, ni nada de lo que necesitamos para poder hablar de calidad de vida(…) No le debemos la pensión a nadie, nos la ganamos, con el trabajo fecundo que hemos realizado toda la vida», apuntó.
Finalmente, el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, planteó agregar tres consideraciones a la ley: crear una contribución de un porcentaje sobre los ingresos brutos que obtengan los contribuyentes especiales; atender gratuitamente a los pensionados y jubilados en las clínicas y que las empresas privadas le otorguen el beneficio de jubilación a sus empleados, tal como lo hace el sector público, tras haber cumplido los años de servicio.
