A dos años de las multitudinarias manifestaciones anti y pro gobierno en el país, es inaceptable que los familiares de las cuarenta y tres personas que perdieron la vida, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad; y los cientos de personas que fueron víctima de lesiones, maltratos y detenciones arbitrarias, sigan esperando justicia, verdad y reparación.
La falta de avances significativos en las investigaciones y en el procesamiento de los responsables de estas violaciones de derechos humanos, son muestras claras de la falta de voluntad política para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación alguna.
Es lamentable que tras dos años de los asesinatos de Bassil Alejandro Da Costa, Juan Montoya y Roberto Redman, todavía no se haya condenado a los presuntos responsables.
Mientras la inmensa mayoría de quienes cometieron violaciones de derechos humanos siguen sin rendir cuentas ante la justicia, decenas de personas todavía enfrentan cargos por delitos supuestamente relacionados con las protestas, entre ellos personas que llevan ya detenidas cerca de dos años sin que exista ninguna evidencia de que hayan cometido ningún delito.
Tal es el caso de Leopoldo López, líder del partido de oposición Voluntad Popular; y de Rosmit Mantilla, miembro de Voluntad Popular y activista por los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales (LGBTI). La encarcelación de ambos es políticamente motivada, sin evidencias fehacientes que sustenten los cargos contra ellos y con claras violaciones al debido proceso y un juicio justo. Ambos son presos de conciencia y deben ser liberados inmediata e incondicionalmente.
Es fundamental que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar que ninguna persona enfrenta procesos judiciales basados en cargos motivados políticamente, no sustentados en evidencias sólidas y fehacientes.
Tanto el Ejecutivo, como la recientemente nombrada Asamblea Nacional, deben asimismo adoptar medidas urgentes y decisivas para poner fin a la persistente impunidad y garantizar que los lamentables hechos de hace dos años no vuelvan a repetirse.
Hasta que las autoridades no manden una señal clara e inequívoca a las fuerzas del orden para que actúen de acuerdo con el derecho internacional y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, continuarán recibiéndose denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Es asimismo fundamental que se priorice el fortalecimiento del sistema de justicia, piedra angular de todo Estado de Derecho, garantizando su independencia e imparcialidad para poner fin a los altos índices de impunidad que existen en Venezuela.
Las autoridades no pueden continuar negando verdad, justicia y reparación a quienes perdieron a sus seres queridos, a aquellos que continúan encarcelados injustamente y a quienes fueron víctima del uso excesivo de la fuerza o de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas del orden, durante los seis meses en que Venezuela se vio conmocionada por protestas multitudinarias.
Es ahora el momento de que las diferentes fuerzas políticas busquen soluciones basadas en la cooperación y el diálogo, para dar respuestas concretas a la difícil situación que vive el país, protegiendo y promoviendo la labor de las y los defensores de derechos humanos; y poniendo al frente de la agenda política la protección de los derechos de todos y todas, sin discriminación alguna.
