No existen elementos jurídicos que impidan que los presos políticos puedan ser beneficiados por la Ley de Amnistía que la Asamblea Nacional se encamina a aprobar en segunda discusión.
Así lo aseguró el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, quien afirmó que los argumentos del oficialismo para rechazar tal propuesta carecen de piso legal.
“Los delitos de lesa humanidad no están definidos de manera expresa y taxativa en ninguna legislación venezolana, por lo tanto no se puede decir a la ligera que una determinada conducta es un delito de lesa humanidad porque para eso hace falta una ley específica que los defina y en Venezuela no la hay”, recalcó el abogado.
Tal afirmación se desprende de los señalamientos esgrimidos por diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y autoridades del Gobierno nacional, quienes sostienen que presos políticos como los policías condenados por el caso del 11 de abril de 2002 u otros acusados a raíz de las protestas de 2014, no son elegibles para recibir la medida humanitaria a la luz de los estatutos internacionales.
“Esa argucia no es más que una forma de justificar el desconocimiento de la Ley de Amnistía”, expresó Apitz.
Los delitos de lesa humanidad, explicó el jurista, están definidos en el Estatuto de Roma que rige la actuación del Tribunal Penal Internacional de La Haya, y se refieren a eventos muy específicos, que “atentan contra la humanidad”, tales como genocidios.
Además, advirtió, en el caso de los policías y comisarios del 11A ellos fueron condenados en un juicio “plagado de irregularidades procesales” y el tribunal no estableció responsabilidades individuales con respecto a víctimas específicas, sino responsabilidad co respectiva o colectiva.
Así mismo, en atención al escenario que ya se dibuja en el plano institucional, que predice el rechazo del presidente de la República y la remisión del instrumento legal a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Apitz consideró que sería como “pagarse y darse el vuelto”.
“Una Ley de Amnistía, que siempre es por causas políticas, no puede estar sometida a la aprobación del Poder Ejecutivo, porque el afectado por esa actividad es justamente el poder ejecutivo. En la historia del Derecho normalmente las leyes de amnistía no dependen de la aprobación del presidente”, señaló.
Por otro lado, el jurista y miembro del Bloque Constitucional de Venezuela llamó la atención sobre la calidad de mecanismo de “reconciliación nacional” que supone el proyecto cursado en la Asamblea Nacional, “en ejercicio de las competencias legítimas de este órgano”.
“Eso es lo que hace falta en Venezuela, que los ciudadanos ya no estén divididos y actúen desde el odio, como lo ha venido impulsando el gobierno nacional. No tiene ningún sentido que en un país que se dice democrático como el nuestro haya personas presas por su manera de pensar, y ya es hora de que salgan del infierno que viven en las prisiones políticas”, manifestó Apitz.
Ilegitimidad
Sobre la pugna entre el Poder Legislativo y el Judicial, el ex magistrado de la Corte Primero en lo Contencioso-Administrativo de Caracas considera que no se puede hablar de conflicto de poderes, sino de un saboteo en el que el saboteador carece de legitimidad.
“Efectivamente el tribunal Supremo de Justicia tiene la facultad para revisar la legalidad de los actos del Poder Público en cualquiera de sus escalas, ahí esta la supremacía de este órgano frente a los otros poderes. Ahora bien, si desde esa condición que le confiere la Constitución incurren en abuso de poder y se dedican a escamotear y boicotear las competencias que le son propias al resto de los poderes públicos, el TSJ pierde legitimidad”, afirmó Apitz.
De acuerdo con el experto en derecho constitucional, la legitimidad de la actuación del Poder Judicial esta determinada por dos características: independencia e imparcialidad. “Si el TSJ no demuestra independencia con respecto al resto de los poderes públicos y si sus magistrados no actúan con imparcialidad, ninguna de sus actuaciones son legítimas, por lo cual los venezolanos no estarían en la obligación de acatar sus decisiones”, explicó.
“Lo que esta sucediendo ahorita entre el TSJ y la Asamblea Nacional no es un conflicto de poderes sino un acto de sabotaje para el cual se han confabulado el Poder Judicial y el Ejecutivo. El TSJ ha perdido la “autoritas” o autoridad moral frente al país”, sentenció el abogado.
Ante la pregunta de “quién le pone el cascabel al gato”, Apitz fue tajante al responder que el pueblo venezolano. “No olvidemos que el texto constitucional nos dice que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos, si estos desconocen por ilegítimas las decisiones del TSJ, estas serían desacatadas, lo que va a abonar al caos que vive el país en todas sus dimensiones. O toman conciencia los magistrados o se convierten en un problema más”, afirmó.
Finalmente, el abogado fue contundente fue la crítica del ex juez al discurso de la oradora de orden en el acto de apertura al año judicial, celebrado el 29 de enero. “La magistrada Mónica Misticchio justificó el golpe de estado de 1992, lo cual es sumamente grave porque estamos hablando de una persona destinada a garantizar la legalidad la que esta justificando un atentado al hilo constitucional. Dice mucho de quienes habitan actualmente en el Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó.
