Desde el primero de febrero el sector empresarial venezolano cancela el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) también conocido como “impuesto a las grandes transacciones”. Aunque el Gobierno nacional refiere que se trata de una de las tantas medidas para sacar al país de la crisis económica, sectores productivos y en mayor medida, contribuyentes especiales, sostienen que es “un impuesto de guerra”.
Sobre este respecto fueron consultados Álvaro Entralgo, presidente de la Cámara de Comercio en Lara y primer vicepresidente de Fedecámaras en la región, y Luis Marín, director de la Cámara de Industriales en Lara, quienes coincidieron en señalar que esta no es la solución a la problemática que atraviesa el país.
“El ITF es un grave problema que ahora deben sopesar los sectores comercio e industria… No es un débito bancario, sino un pasivo. Es tan grave que una compañía mediana o pequeña que estuviera vendiendo cerca de 30 millones de bolívares, pagaría 225 mil bolívares de impuesto mensual y no son deducibles del Impuesto Sobre la Renta”, señaló Entralgo, quien subrayó que el contenido de la ley es tan amplio, que “si un contribuyente especial está relacionado con un contribuyente ordinario, pasaría este último a pagarlo también por su función dentro de esta empresa”.
Marín, señaló que esto representaría otro costo para las empresas que ya tienen una “estructura colapsada”, motivado no sólo por el incremento en los costos, sino también por la merma de producción, que a su vez hace que tengan que sostener una capacidad instalada que no pueden poner a producir por falta de materias primas.
Apuntó por tanto, que una de las razones por las cuales los productos podrían ser más costosos en Venezuela es que los empresarios deben atender y mantener el total de su capacidad instalada aunque las condiciones del país sólo les permitan trabajar a un porcentaje inferior al 50%.
“Se incrementa entonces el abismo que existe entre la estructura de costos y el precio estipulado por el gobierno”, comentó Marín, quien acotó que este es un daño más que ocasionan al sector productivo.
Buscar tributos
Para Marín el ITF es “otra medida de emergencia para captar tributos y por tanto, disponibilidad inmediata de efectivo”.
Señaló que algunos analistas han llamado a este “impuesto de guerra”, por “pechar” de manera inmediata al aparato productivo nacional, ya que comprende cualquier contribuyente especial.
“Lo de grandes (transacciones) está entre comillas, porque realmente este impuesto se aplica a los contribuyentes especiales y se conoce de muchas empresas pequeñas que son contribuyentes especiales, las cuales deberán pagar al gobierno este impuesto”.
Indicó que al sumarse los movimientos de la pequeña, mediana y gran empresa serán millones de bolívares en impuesto.
En tal sentido, subrayó que no se trata de un impuesto a las grandes empresas, como ha querido hacer ver el gobierno, sino un tributo que deberán pagar todos los contribuyentes especiales.
En opinión de Entralgo las condiciones de país hacen que este impuesto sea “inconcebible”. A esto sumó otros onerosos compromisos como el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), que registró un alza hacia el 40% para contribuyentes especiales.
El Estado como socio
Marín destaca que las empresas otorgan al Estado el 35% de sus utilidades por Impuesto sobre la Renta, además de otros impuestos como Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (Locti), Ley del Deporte, Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuesto municipales y otros.
Apuntó, por tanto, que el Estado absorbe más de 50% de las utilidades de las empresas a través de esta vía.
“El Estado es el principal socio de la empresa y le convendría que les vaya bien para obtener mayores impuesto. … Si el Estado procurara mantener una industria fortalecida, fueran aún mayores los ingresos”.
Si se hubiesen tomado medidas oportunas antes de la caída de los precios del petróleo, no habría necesidad de aplicar un impuesto como el ITF ni se sufrirían las actuales consecuencias, expresó Marín.
