Lisbeth Alcalá invirtió sus ahorros en tumbar paredes para ampliar el apartamento donde vive en la Ciudad Socialista Caribia, un complejo de edificios marcados con la enorme firma de Hugo Chávez. Lo hizo con ilusión, aunque ningún papel acredita que es suyo.
Instalada desde hace cinco años en 72 metros cuadrados, esta morena de 47 años se muestra confiada en que pronto tendrá su título de propiedad, beneficiada por la pugna en el Congreso entre el oficialismo y la oposición.
Una semana después de que la bancada opositora mayoritaria aprobó en primer debate una ley para entregar las certificaciones, el gobierno publicó el lunes una resolución que declara la «urgencia» de «la inscripción, registro y protocolización» de los títulos de los inmuebles subvencionados de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
«Hemos querido pagar nuestros apartamentos pero siempre nos decían que esperáramos. Ahora suponemos que lo harán de un momento a otro», comentó Alcalá a la AFP en su casa de Ciudad Caribia, enclavada en la cima de una montaña cercana a las costas del estado Vargas, a 21 kilómetros de Caracas.
Lourdes Ramos, una seguidora de Chávez, vecina del piso superior, explica que solo dispone de un «documento de adjudicación» que identifica su vivienda con un seriado y le prohíbe venderla o cambiar la fachada, como establece la la ley.
Por eso aplaude cualquier iniciativa que la convierta en propietaria, aunque venga de la oposición. «Ellos no quieren bien para uno pero nos conviene lo que ofrecen», opina Ramos mientras se alista para buscar a sus hijos en la escuela.
«Estafa» o «chantaje»
En la última semana, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se enfrascaron en una agria disputa por la vivienda popular, creando confusión en la población.
«¿Cómo vas a reclamar un derecho de propiedad a la vivienda si tú no has construido una sola?», increpó Maduro a Julio Borges, jefe de la bancada opositora y promotor de la ley, durante un acto de entrega de inmuebles el jueves pasado.
«Esa ley no va y punto», advirtió el mandatario, quien afirma que «inmobiliarias privadas» buscarían asumir la venta de las residencias y «mercantilizar el derecho a la vivienda». «Quieren privatizar la vivienda popular», dijo el lunes.
El gobierno afirma que, pese al desplome de los precios del petróleo, ha invertido 66.400 millones de dólares en la GMVV, conforme a la meta de tener en 2019 las tres millones de viviendas que, según Chávez, se requerían para reubicar a los damnificados de las terribles inundaciones de 2010.
Poco después de que el chavismo perdiera las parlamentarias de diciembre, Maduro dijo en la televisión: «Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo sino porque te pedí tu apoyo y no me lo diste».
Borges recuerda esas declaraciones al acusar a Maduro de no entregar títulos de propiedad como una forma de «chantaje», para obligar a los adjudicados a depender del gobierno bajo la «amenaza» de que se las pueden quitar.
Maduro había prometido afeitarse el bigote si no entregaba la vivienda un millón al terminar 2015. Celebró haberlo logrado, pero Borges sostiene que apenas van 280.000 según sus registros y anunció un «inventario de la calidad y la cantidad» de los inmuebles.
¡Esto es mío!
A diferencia de Alcalá y Ramos, Yelitza Nares, vocera del consejo comunal «Comandante Chávez», ya inició el proceso de «protocolización» de su apartamento adjudicado hace tres años. Le costará unos 300.000 bolívares a 834 bolívares por mes.
«Pero todavía no nos han entregado el número de cuenta donde tenemos que depositar», aclara Nares, tras abrirse paso entre un puño de vecinos en fila para comprar alimentos a precios regulados en un mercado estatal en Ciudad Caribia, donde el sábado estuvo el ministro de Vivienda, Manuel Quevedo, para hablar contra lo que llamó la «la ley estafa».
Algunos habitantes de Ciudad Caribia y de otros sectores de la GMVV temen perder su casa porque creen que la oposición privatizará el proyecto social; otros, al contrario, que al fin tendrán el papel que diga que es suya.
Hay también quienes piensan que el gobierno se las quitará porque son del Estado. La incertidumbre persiste porque no tienen el título de propiedad.
Rodeada de balcones donde cuelgan afiches de Chávez, Alcalá proclama que nadie, ni gobierno ni oposición, la va a sacar de su casa aunque se la haya dado el Estado. «Yo vivo aquí, esto es mío», sentenció.
