La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que no puede ser interpelada por la Asamblea Nacional, “no obstante por la paz, el entendimiento, la tranquilidad y por tender puentes de diálogo del país, estaría dispuesta a sentarme a conversar y analizar este Informe Anual con cualquier factor político y poder; siempre y cuando sea en el ámbito del respeto y sin agresividad”.
Durante su intervención en el segmento de entrevistas del Noticiero Venevisión, invitó a los venezolanos a acceder al contenido del mencionado informe, publicado en el portal del Ministerio Público (www.mp.gob.ve), y así comprobar la seriedad de las cifras oficiales en las distintas materias que aborda la institución para ofrecer respuestas oportunas a la colectividad.
“No todo lo que ingresa al Ministerio Público reviste carácter penal ni tampoco toda denuncia debe culminar en una sentencia condenatoria. Eso lo debe entender la dirigencia política”, aseguró.
Ortega Díaz destacó que los resultados del Informe Anual han sido obtenidos mediante métodos científicos y objetivos, sustentados en los expedientes de los casos, las investigaciones de los fiscales y otras herramientas legales que se derivan de la aplicación de protocolos internacionales.
“La tasa de homicidios se rige por la aplicación de los estándares del Protocolo de Bogotá, además allí no se pueden incluir los homicidios culposos ni los frustrados”, explicó.
Cuestionó a los diputados opositores por sus cálculos de impunidad en Venezuela y los exhortó a que explicaran cuáles fueron los criterios profesionales de sus estadísticas sobre homicidios y delitos penales.
Por otra parte, al ser consultada sobre la propuesta parlamentaria de remover a varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados en diciembre de 2015, aclaró que “no pueden hacerlo, porque se debe calificar la falta grave por parte del Poder Ciudadano”.
Advirtió que si no se cumple con esa condición legal, “eso sería vulnerar el Estado de derecho”.
Profundizar desarme de la población
En el programa televisivo, la Fiscal General sostuvo que se debe profundizar el desarme de la población, a objeto de fortalecer la paz y la seguridad en Venezuela.
A su juicio, para el cumplimiento de lo anterior tiene que haber voluntad política y al mismo tiempo, depurar los cuerpos de seguridad del Estado, en función de una mayor eficiencia policial y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.
Al ahondar en el tema, reiteró que se hace necesario “no una reforma sino un nuevo Código Penal”, dado que el actual es un instrumento jurídico desfasado, con conceptos que perdieron vigencia frente a la realidad del país.
En torno al video en el cual un grupo de reclusos de la cárcel de San Antonio en la isla de Margarita portando armas de fuego, informó que el Ministerio Público pedirá la radicación de ese caso. A tales efectos, ha sido comisionado el fiscal 61º nacional, Samuel Acuña, para adelantar las investigaciones de rigor.
