Con la finalidad de exigir su intervención ante los organismos a los que corresponda para que se le busquen soluciones a la problemática que confrontan desde fines del año pasado, un grupo de familias de comunidades inmediatas a la avenida Uruguay acudirá este miércoles a la Defensoría del Pueblo.
Así lo acordaron en la reunión sostenida este martes en las inmediaciones de la Cinemateca, donde el hundimiento de la calzada sigue profundizándose de manera alarmante.
Jorge Loyo, vocero del grupo, expuso la delicada situación que afrontan los habitantes de La Ribera, 13 de Abril, Comunidad de Dios, Zanjón Barrera, Cruz del Sur y Concha Acústica, algunos en mayor grado por haber perdido ya sus viviendas y otros por tenerlas en zonas calificadas de alto riesgo por Protección Civil.
Loyo explicó que son 532 familias integradas por unas 1.600 personas, entre ellas muchos niños, cuyo futuro inmediato es incierto debido a los planes de reubicación elaborados desde organismos oficiales.
Dijo que esas familias no están dispuestas a abandonar la zona donde han crecido y residido durante años.
Para ellos, lo más conveniente es que la gobernación, alcaldía y organismos nacionales desafecten algunos terrenos abandonados en el centro de la ciudad para después hacer desarrollos habitacionales donde reubicarlos.
“No pueden desarraigarnos del entorno donde hemos estado durante años”, afirmó.
Llamó a los gobiernos municipal, regional y nacional a ponerse de acuerdo para resolver la situación que se le ha presentado a esos grupos familiares que perdieron sus casas o están en peligro de perderlas a causa de los hundimientos de la avenida Uruguay.
“Si pudieron ponerse de acuerdo para construir el monumento Manto María Divina Pastora, también pueden hacerlo para resolvernos nuestro problema, que es muy grave”, enfatizó el dirigente comunal.
Con el respaldo de mujeres y hombres presentes, Loyo dijo que las comunidades afectadas no están dispuestas a permitir “pañitos calientes” en la avenida Uruguay, para salir del paso y restituir el tránsito automotor, el que mantienen cerrado.
Por ello, esperan que la Defensoría del Pueblo interceda ante la gobernación, el ministerio de la Vivienda y Hábitat, o ante cualquier organismo al que corresponda, para definir la suerte de todos esos grupos familiares de las comunidades afectadas por los hundimientos en ese sector del sur de Barquisimeto, donde el peligro no ha desaparecido sino que se mantiene a causa de las numerosas fugas de agua existentes.
